La huelga de jueces y fiscales

A estas alturas resulta increíble que el Ministerio de Justicia siga empecinado en no aceptar las legítimas reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales. No hay ninguna razón objetiva que permita entender que no se resuelva la situación que sufre uno de los Poderes del Estado. Hay un aspecto que siempre me ha resultado contradictorio y es que no se les trate con el debido respeto que merecen unos altos funcionarios que no son empleados, utilizo expresamente este término, al servicio del gobierno de turno. Los funcionarios que prestan su servicio, en su gran mayoría como consecuencia de unas duras oposiciones, deberían tener un estatuto que les blindara, de forma clara e inequívoca, ya que forman parte, insisto, de un Poder del Estado. Es tan lamentable como vejatorio que tengan que negociar con el Ministerio de Justicia y recibir un tratamiento que resulta inaceptable. Su retribución debería ser decidida por el CGPJ, sin que la decisión corresponda al gobierno de turno. Sus incrementos salariales deberían estar vinculados a la evolución del IPC. Es una cuestión de respeto y dignidad hacia un Poder del Estado.

La situación es llamativa con tres magistrados en el Consejo de ministros. Con la excepción de las dos minoritarias asociaciones de izquierda, una de jueces y otra de fiscales, las otras cinco que representan a la gran mayoría han decidido mantener la huelga indefinida que comenzaría el 22 de mayo sino se llega a un acuerdo. Sánchez intenta criticar al PP, aunque sin éxito, porque no acepta una renovación del CGPJ que significaría ponerlo al servicio del uso alternativo del Derecho. Es decir, tener a un clon de Conde-Pumpido al frente de la institución. No se puede permitir que las asociaciones minoritarias colonicen el Supremo, los TSJ y las Audiencias para ponerlas al servicio, como sucede con el TC, del proceso de mutación del ordenamiento constitucional. La independencia de la Justicia es un bien fundamental que hay que preservar. No hay más que imaginar lo que representaría incorporar decenas de magistrados al Supremo al servicio del PSOE, los comunistas, los independentistas y los filoetarras.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)