Vivienda tutelada y okupación

Lo peor de la ley de Vivienda de la coalición frankenstein no es que al final acabará produciendo una subida de precios, como sostienen numerosos expertos y el PP, sino el tufo intervencionista de una legislación que no aborda el grave problema de la «okupación» y permitirá, en determinadas situaciones, una suerte de «tutela» del Estado sobre la propiedad privada, sin descartar hasta la expropiación.

De hecho es una expropiación lo que Sánchez va a hacer con los 50 mil pisos del «banco malo» Sareb, propiedad a medias del Estado y diferentes entidades privadas. Tras cinco años sin construir vivienda social alguna, pese a prometer nada menos que 20 mil, ahora resulta que la solución está en las viviendas que nadie quiere de la Sareb, cuya presencia es ridícula en zonas necesitadas como Madrid. Claro que algo había que vender en esta campaña electoral, tras los estrepitosos fracasos del «solo-sí-es-sí», el descontrol de la inflación o la inacción en materia de sequía.

Sergio Nasarre, director de la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, explica muy bien el concepto de «vivienda tutelada» que introducirá de facto el proyecto de ley de aprobarse tal y como ha sido concebido. Vamos a un escenario en el que cada vez más el Estado, el gobernante de turno en realidad, puede decidir sobre nuestra casa, sea la habitual o segunda o tercera residencia. Es preocupante, por ejemplo, lo que ocurre ya en Canarias, donde el gobierno del socialista Ángel Víctor Torres obliga a los propietarios de apartamentos turísticos a ponerlos en alquiler, bajo la amenaza de multa de hasta 9 mil euros si el propietario decide utilizar esa casa como domicilio principal o segunda residencia. O el nuevo impuesto a las viviendas vacías aprobado por la Junta de Extremadura.

Y es que el gobernante va a tener cada vez más capacidad de decisión sobre una propiedad que es privada, pero que, mediante impuestos y regulación extrema, puede ser tutelada en sus condiciones de alquiler, el uso que se le debe dar, si compensa o no dejarla en herencia, si usamos mucho o poco la segunda residencia o si te obligan a arrendarla aunque no tengas otra para vivir, como pretende el gobierno canario. De ahí a la fórmula soviética de que cualquier habitación vacía debe ser ofrecida a más ocupantes van unos pasos, con multas o sanciones desproporcionadas en caso de que el propietario se niegue a cumplir lo regulado. Parece fantasía comunista, pero es que esta ley frankenstein se la ha sisado Sánchez a los comunistas podemitas y a los bildutarras separatas, a quienes da urticaria el derecho a la propiedad que consagra la Constitución. La propiedad de los demás, se entiende.

La ley también produce inseguridad jurídica. Siendo relevante, lo más importante para el propietario no es el tope a la renta del alquiler, sino saber si en un momento dado podrá disponer de nuevo de su vivienda. El proyecto dificulta tanto los desahucios que si un inquilino que no paga decide quedarse, va a ser casi imposible desalojarlo. Ese miedo puede llevar a miles de propietarios a vender antes que arrendar.

¿Y qué solución se propone para la okupación? Ninguna. Seguirá siendo tan fácil okupar como hasta ahora. O más.