Eutanasia y Memoria Histórica, prioridades del gobierno de coalición

El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso su primer paquete de iniciativas de la legislatura, entre las que ha incluido la ley que legaliza la eutanasia en el país, incluyendo esta práctica en la cartera del Servicio Nacional de Salud (SNS), es decir, se financiará con dinero público, y una proposición de ley de Memoria Histórica y Democrática que amplia y reforma la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007 para, entre otras medidas, suprimir títulos nobiliarios y condecoraciones otorgadas por el franquismo, encargar al Gobierno las labores de exhumación de fosas, la confección de un censo de víctimas y un banco de ADN que facilite las identificaciones, y destinar partidas anuales para financiar la exhumación de restos del Valle de los Caídos.

Eutanasia

Esta ley, según explica el texto, será de aplicación a “toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar y decidir” que pueda “solicitar y recibir dicha ayuda”, siempre que lo haga “de forma autónoma, consciente e informada”, y que se encuentre “en los supuestos de enfermedad grave e incurable o de enfermedad grave, crónica causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables”. Será el propio enfermo quien deba solicitar la eutanasia a su médico y este deberá informarle debidamente del proceso que ha de seguir. Además de la de su facultativo, el paciente deberá contar con una segunda opinión y su petición pasará por las comisiones de seguimiento de las distintas comunidades autónomas, como responsables de las competencias en materia sanitaria. Este procedimiento no podrá durar más de 32 días, según la propuesta. La normativa regula, además, la labor de los médicos ante estos casos y permite que los profesionales que así lo deseen puedan apelar a la objeción de conciencia para no practicar la eutanasia. Desde 2018 el PSOE ha intentado regular esta práctica en España. Ese año presentó ante el Pleno del Congreso un texto muy similar a este --sólo ha sufrido en este tiempo algún cambio técnico-- que fue tomado en consideración por la Cámara, con el único voto en contra del PP. Su tramitación no se llegó a completar por la disolución de las Cortes con la convocatoria de elecciones de abril de 2019.

También la muerte digna

Tras estos comicios, los socialistas volvieron a registrar el texto, que se volvió de debatir en septiembre de 2019, antes de una nueva disolución de las Cortes por las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. Durante la campaña electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido en varias ocasiones a esta norma comprometiéndose a aprobarla en el caso de que llegara a la Moncloa. Esta práctica también es uno de los temas destacados dentro de los acuerdos que, en materia de Sanidad, han incluido PSOE y Podemos en su acuerdo de Gobierno. En concreto, se comprometen a dar “una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida”, para lo que prometen desarrollar una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.

Memoria Histórica

El primer artículo de la ley propuesta por el PSOE está dedicado a la búsqueda de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura y deja claro que esta labor “corresponderá a la Administración General del Estado”, sin perjuicio “de las competencias de otras administraciones”, que deberán colaborar en estas tareas. A diferencia de lo que ocurre en la vigente Ley de Memoria, el texto del PSOE incluye muchas más menciones expresas a la Administración General del Estado como responsable de la divulgación de la memoria democrática, de la declaración de los denominados ‘Lugares de Memoria’ de los que tendrá que hacerse un censo. ADIÓS AL DUCADO DE FRANCO Y LA MEDALLA DE ‘BILLY EL NIÑO’ La iniciativa contempla la supresión de los títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977 o posterior “que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura”, entre los que se incluiría el Ducado de Franco que actualmente ostentan los herederos del dictador. Eso sí, antes de suprimirlos habrá que elaborar un catálogo con todos ellos. También incluye la revocación de las condecoraciones policiales concedidas en el franquismo cuando quede acreditado que el beneficiario hubiese “realizado u observado conductas manifiestamente incompatibles” con la Orden del Mérito Policial o de la Guardia Civil. En este capítulo encajaría el caso del expolicía Antonio González Pacheco, conocido como ‘Billy el Niño’. La futura norma introduce novedades en el régimen sancionador vigente y, por ejemplo rebaja de 150.000 a 100.000 euros el tope para las multas por infracciones muy graves. Entre ellas se incluye que los titulares o responsables de espacios públicos no adopten las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización de actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra, la dictadura o el dictador. Por otra parte, mantener la simbología de exaltación de la dictadura pasará de ser una infracción leve a convertirse en una grave, que puede ser objeto de multa de entre 2.001 y 10.000 euros.

Sanciones por no impedir apología del franquismo

Además de las multas podrán imponerse sanciones accesorias como el cierre entre seis meses y dos años de los locales o establecimientos públicos donde se produzcan actos de exaltación, el comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción o la prohibición de obtener subvenciones públicas. En anteriores iniciativas sobre esta materia, el PSOE había incluido la creación de una Comisión de la Verdad, pero ahora se limita a proponer un Consejo de la Memoria, un órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas, que estará presidido por el titular del ministerio competente. La iniciativa del PSOE prevé la aprobación un real decreto que determinará el nuevo marco jurídico que ha de regir el Valle de los Caídos, la institución directora definitiva y sus bienes y, en paralelo, pone fecha de caducidad a la Fundación de la Santa Cruz del Valle.

El Valle será cementerio civil

Los de Pedro Sánchez quieren que el Valle de los Caídos quede definido como “un cementerio civil” y un "lugar de memoria de las víctimas de la guerra y la dictadura y mantiene la prohibición de celebrar actos de naturaleza política ni exaltadores de la contienda, sus protagonistas o el franquismo. Como novedad la futura ley recalcará que sólo podrán yacer allí los restos de fallecidos a consecuencia de la guerra y que “se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto”, en clara referencia a los del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera. Según el texto de los socialistas, la institución directora del Valle de los Caídos dispondrá de una dotación económica específica en los Presupuestos Generales del Estado para la exhumación e identificación de los resto de las víctimas inhumadas en el Valle, previa solicitud al efecto. La ley también obliga a atender las peticiones de exhumación de estas víctimas y, en el caso de imposibilidad técnica, contempla “medidas de reparación de carácter moral”.

Puerta abierta a ilegalizar fundaciones franquistas

Asimismo prevé que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley se modifiquen la leyes de Asociaciones y Fundaciones para declarar ilegales las que públicamente inciten directa o indirectamente al odio o la violencia contra las víctimas de la guerra o la dictadura. El PSOE también apuesta por cambiar la vigente ley para añadir a la declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas la declaración de “nulidad” de estos órganos y de sus condenas o sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia. Paralelamente, los socialistas han registrado también en el Congreso otra iniciativa aunque sin fuerza de ley con la que, entre otras cosas, instan al Gobierno a auditar y devolver bienes expoliados por el franquismo a sus legítimos titulares, así como a la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público.