Así es el llamamiento colectivo contra la ley de amnistía impulsado por un abogado

El letrado sevillano José Luis Sariego Morillo, que lleva casi 30 años ejerciendo, pide la colaboración de los ciudadanos para parar la hipotética ley de amnistía a los dirigentes del procés por el cauce de la jurisdicción civil.

Junto a un grupo de compañeros, ha redactado una demanda modelo que anima a los ciudadanos a presentar ante el juzgado de primera instancia más cercano a su domicilio. Tal y como señala, para presentarla no hace falta "hacer desembolso alguno, al no ser necesaria la asistencia de un abogado ni la representación de un procurador".

En la demanda se solicitan al juez medidas cautelares para evitar que tanto la presidencia como la mesa del Congreso puedan "celebrar un pleno para la aprobación de una ley de amnistía de los investigados, acusados y condenados por su participación en el procés de Cataluña" hasta que se resuelva esta demanda. Solicita también que la orden judicial se remita a los grupos parlamentarios de PSOE, Junts, ERC y Sumar.

Consciente de que "es muy difícil, pero hay que intentarlo", si en algún tribunal de España se llega a admitir, avisa, "se van a ofrecer cientos de abogados y procuradores para llevar el caso gratis" ya que solo haría falta ponerse en contacto con él para recibir el apoyo económico y jurídico por parte de las decenas de personas que han impulsado esta iniciativa.

"Piensen que el estado de bienestar que disfrutamos y la convivencia pacífica de los últimos 40 años, que nunca fue tan larga en la historia de España, se la tenemos que agradecer a nuestra Constitución y se merece que con esto la defendamos", expone José Luis en un mensaje dirigido a todo aquel que esté dudando si tomar parte.

El motivo de la demanda

A nivel jurídico, la procedencia de la demanda descansa, según aparece recogido en el texto, en que el ciudadano sufrirá con la posible amnistía a una vulneración del derecho fundamental a la igualdad de trato (artículo 14 de la Constitución) ya que "se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político", alejado de las razones de justicia rogada o de gracia que establece para esta medida la legislación.

También invoca otros derechos reconocidos en legislaciones internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU o el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, alegando que este "trato desigual" se puede entender como el "degradante" que recogen estos.

Además, señala, de que una amnistía "vulneraría los principios constitucionales de la seguridad jurídica" al ser los miembros de los órganos de la Cámara y de los grupos parlamentarios "parte de los poderes públicos". Si llegara a admitirse por algún juzgado, señala, esta orden duraría hasta que se resuelva la demanda y, en caso de incumplimiento, "podrían incurrir en un delito contra la administración de justicia".

El "odio de la época de la Transición" en los que fue testigo de "los atentados de la extrema derecha, de la extrema izquierda y de ETA" le han llevado a dar un paso al frente y ponerse a la cabeza de este llamamiento público.

"¿Después de vivir todo eso, cómo voy a mirar hacia otro lado", se pregunta, para después defender que "sin igualdad no hay libertad" y volver a cuestionarse que si llega a producirse una amnistía "¿quién va ahora a perseguir los delitos de un político o los abusos de poder?".