El secreto del comité de expertos: altos cargos del PSOE toman las decisiones

A lo largo del día de hoy, 23,07 millones de ciudadanos –el 49% de la población– tendrán que seguir obligatoriamente confinados en sus casas mientras el resto del país avanza de fase y podrá, por ejemplo, reunirse con sus familiares o acudir a una terraza. ¿Quién ha tomado una decisión de tal calibre? Aunque parezca mentira, a estas alturas sigue sin estar claro. Después de que el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, manifestara que un comité de expertos del Ministerio de Sanidad sería el que determinara qué autonomías avanzan en la desescalada y cuáles no, el propio Simón; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantienen el hermetismo sobre las personas concretas que han efectuado la selección. Y lo hacen a pesar de que la Ley General de Salud Pública obliga a revelar sus identidades de forma tajante, al establecer que «será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente».

El pasado sábado, el presidente volvió dar la callada por respuesta y se limitó a afirmar que son «técnicos» como los que diseñaron las fases de la desescalada. Estos últimos técnicos conforman un comité formado por 15 personas que no es el mismo que el que ha delimitado ya y va a determinar en las próximas semanas los territorios que no pueden avanzar. Sánchez dio, sin embargo, un dato que avalaría lo que muchos agentes del sector y los principales partidos de la oposición pensaban desde que se anunció la existencia de esta supuesta comisión de sabios: que en realidad no hay tal comisión y que los que toman realmente las decisiones son personas de perfil político, afines, por supuesto, al PSOE.

El presidente del Gobierno subrayó que «lo que importa es que son funcionarios del Ministerio de Sanidad quienes, junto a las direcciones de Sanidad Pública de las comunidades, deciden de manera coordinada los territorios que pueden pasar de una fase a otra, y eso es lo más importante». Sánchez añadió que «estamos asesorados por expertos de una extraordinaria calidad desde el punto de vista científico y de compromiso de servicio público, y lo único que puedo hacer es reivindicar su profesionalidad y reconocer su compromiso».

Estas palabras confirmarían también otra circunstancia muy comentada en todo el sector: que entre los «elegidos» no hay presidentes de las sociedades científicas; ni siquiera alguno de las que representan a los médicos más implicados hasta la fecha en el combate clínico de la pandemia: ni médicos de urgencias y emergencias, ni internistas, ni intensivistas, ni anestesiólogos, ni neumólogos. ¿Y de atención primaria? No parece probable que ninguna de sus tres sociedades participe en ese comité, aunque la afinidad ideológica de alguno de sus dirigentes con el propio Ministerio ha facilitado que la interlocución sí sea, por lo menos, muy fluida.

La identificación de los expertos de Illa a los que tanto defiende Sánchez es un arcano, desconocido hasta por los propios trabajadores del madrileño Paseo del Prado, aunque cierto es que el teletrabajo no ayuda precisamente a su localización. Un arcano como el de los especialistas externos en los que supuestamente se están apoyando los altos cargos de Sanidad para adoptar todo tipo de decisiones referentes a la lucha contra el coronavirus y las demás cuestiones sanitarias. En los dos meses que han transcurrido de pandemia, el Gobierno de Sánchez no ha hecho público documento alguno firmado con nombres y apellidos por estos especialistas en los que Sanidad dijo apoyarse desde el estallido del coronavirus.

Los trabajadores del Ministerio consultados por LA RAZÓN dan por hecho que los funcionarios a los que alude Sánchez son los adscritos a algunas direcciones generales y subrayan que dicho «comité» carece de número fijo, participando en las reuniones virtuales unos funcionarios u otros dependiendo de los asuntos a tratar.

En esta toma de decisiones participarían, por ejemplo, el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, número dos de Illa aunque muy arrinconado en esta crisis por parte del ministro, como ya informó este periódico. Blanco llegó al Ministerio de la mano de la antecesora de Illa, María Luisa Carcedo, procedente de Asturias, en donde fue consejero de Salud con el PSOE, y es el médico de mayor rango orgánico dentro del Ministerio: tiene la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, y ha ejercido como tal en un centro de salud de Gijón.

El PSOE ha bloqueado cuatro veces su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados solicitada por el Grupo Popular, al igual que la de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, inédita mediáticamente en esta crisis, pese a que tendría que ser una de las máximas protagonistas públicas. Aparicio es especialista en Medicina Interna y ha sido directora de la Escuela Nacional de Sanidad. Su espaldarazo en el Ministerio llegó de la mano de la ex ministra socialista Carmen Montón.

Los subdirectores generales que cuelgan de Salud Pública también estarían en ese grupo decisor, especialmente Simón, que aunque tiene menor rango que Aparicio ha copado todo el protagonismo desplazando de facto a esta última. Aunque su rostro fue conocido en la época de Ana Mato, que le aupó como comunicador científico oficial, Simón es un médico cuya entrada en el Ministerio se produjo en la época de la socialista Elena Salgado y de su número dos entonces, Fernando Puig de la Bellacasa. De no ser funcionario pasó a copar un nivel 26 y a promocionar luego hasta ser nombrado subdirector general ahora, en plena pandemia.

Algunos funcionarios incluyen en este comité a la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, Covadonga Caballo, y a otros subdirectores de esta misma rama. No hay unanimidad, sin embargo, en la adscripción de otros como Alfonso Jiménez Palacios, director general del Ingesa y muy ligado al PSOE, y la directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, Patricia Lacruz. El primero es internista con una larga trayectoria en la Sanidad de la mano del PSOE, ocupando cargos con Salgado, Bernat Soria, Trinidad Jiménez, Leire Pajín, Carmen Montón y ahora con Illa. Lacruz es, por su parte, licenciada en Farmacia, escalando de la mano de Montón en la Consejería de Sanidad de Valencia bajo el mando del PSOE, primero, y en el Ministerio después, y manteniéndose en el puesto con Carcedo e Illa.