Dos empleadas informaron al Instituto Carlos III de presuntas irregularidades en el CNIO

Prevaricación, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales en la contratación pública y malversación son los presuntos delitos por los que VOX interpuso el pasado 17 diciembre una querella contra Juan Arroyo Muñoz, director gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Ramón Martínez Méndez, exdirector de Personal y de financiero, y José Antonio Galindo, quien sigue desempeñando funciones técnicas en el citado departamento. Según ha podido saber este periódico, la Dra. Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Ciencia, tuvo conocimiento de estos supuestos hechos dos años antes de la querella del partido de Santiago Abascal sin que se pusiera ningún remedio. En concreto, la doctora, según sostiene Vox, mantuvo con fecha 20 de diciembre de 2018 una reunión con dos trabajadoras del CNIO, una de ellas la presidenta del Comité de Empresa (a título personal), donde ésta le informó en detalle de las presuntas irregularidades que posteriormente trascenderían a la luz pública a raíz de la presentación de la querella, un extremo que se constata en los audios de dicha reunión a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Durante la reunión, la presidenta del Comité de Empresa del CNIO, junto a otra empleada, le puso en conocimiento su preocupación por la amplia subcontratación de personal que tiene el CNIO y el inicio reciente de subcontratación de personal científico, subcontrataciones que conllevan un coste adicional para el CNIO del 23%, así como una reducción de las condiciones laborales de estos trabajadores que ven reducidas tanto sus vacaciones como sus beneficios sociales, como explican desde Vox.

También se le informó de la adjudicación repetitiva de licitaciones por valor de 49.000 euros durante el ejercicio 2018 a las mismas empresas –siempre por debajo de 50.000 euros, límite del contrato menor que establecía el derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el caso de contratos de obras, o a 18.000 en el caso de otros contratos y que desde febrero de 2020 se limita a 40.000 euros en obras– algunas de ellas interconectadas entre sí, siendo el gasto predominante los gastos generales o de obra del edificio del CNIO y no la Ciencia como debería ser en un Centro de Investigación, sostienen.

La presidenta del Comité de Empresa trasladó a la Dra. Yotti los hechos de la siguiente manera: «Este es el volumen de licitaciones que se han llevado las empresas y esto es lo que realmente pues nos llama la atención. Estas son empresas a las que se les adjudica de manera repetitiva, tienen los mismos administradores o los mismos domicilios sociales, esto bueno, es lo que nosotros nos hemos encontrado. Están interconectadas unas con otras».

«...Estas dos de aquí tienen el mismo domicilio social y esta y esta (que es la misma) comparte administrador con esta. Están interconectadas. Estos datos nos llaman la atención».

«Os tenéis que proteger»

«...Hemos visto a qué servicio o de que es la licitación y las que están en moradito son licitaciones para el edificio, es decir, de gasto para el edificio, van por cuantía desde la más pequeña a mayor por colores y nos llamó mucho la atención porque esto es algo que también salta cuando te metes en el Portal de Transparencia. Casi todas están entre 49.000 y 50.000 euros... siempre por debajo de 50.000 euros».

A continuación, la Dra. Yotti tras escuchar y ver los datos presentados hizo alusión al Tribunal de Cuentas y manifestó que «es muy complicado (...) Una de las cosas que mira el Tribunal de Cuentas por metodología es ver si hay fraccionamiento de contratos. Lo que tienes que hacer es un ejercicio de confianza porque es un órgano externo (...) si aquí hay algo que no esté bien (...) lo tienen que ver ellos y si no no podemos hacer nada, pero ninguno, porque lo siguiente sería presentar una denuncia en un juzgado si creemos que está habiendo una trama de empresas vinculadas...» a lo que la presidenta del Comité de Empresa la manifestó que: «no, nosotros no hemos dicho esto» y a continuación le explica que «yo me veo en la obligación de comunicarlo y yo no puedo poner una denuncia con mi nombre y apellidos yo no puedo porque yo no soy nadie, pero creo que hay que comunicarlo, se lo hemos comunicado a la directora, que es la persona que está justo por encima de nosotros, se lo hemos comunicado al secretario general, fuimos a hablar con Rafael Rodrigo del tema (…) al ministro le hemos escrito en dos o tres ocasiones diciéndole que vemos que algo no está bien, pero nosotros no podemos darle un nombre a esto que pasa».

«La forma en la que lo estáis planteando vosotras también os tenéis que proteger. No os conozco, pero me siento en confianza de deciros esto», les dice Yotti a tenor del audio.

Este periódico se ha puesto en contacto tanto con el CNIO como con el ISCIII y sendos organismos rechazaron hacer declaraciones al respecto.

Los sindicatos, perplejos

Desde la Confederación Sindical Independiente Fetico, mandaron un comunicado en el que expresan «su perplejidad ante las manifestaciones de la presidenta del Comité de empresa perteneciente a nuestro sindicato, dado que desconocíamos tales declaraciones, así como de la querella interpuesta por Vox. Dichas actuaciones se han realizado a modo personal y nunca con conocimiento ni aprobación del sindicato. Mostramos nuestra enorme preocupación por esta situación, dado que, de ser ciertas las acusaciones manifestadas en la querella, el daño reputacional al CNIO sería enorme, así como de no serlas (...)». En el mismo también explican que el sindicato instó a la presidenta del comité a interponer denuncias a la Policía para aclarar las presuntas prácticas de acoso contra ella. Pero a tenor de la respuesta de la presidenta del comité de empresa a CC OO y UGT por dos comunicados previos, «el comité sí estaba informado de los movimientos económicos del CNIO (...), como muestra el acta de la reunión de abril de 2019 (...)».

Las adjudicaciones repetitivas que hicieron saltar la voz de alarma y que el partido de Vox interpusiera la querella fueron las siguientes: ACU Cerrajeros, compañía a la que sólo en 2018 se le adjudicaron 494.100 euros en 10 adjudicaciones, así como 246.690 en otras cinco en 2017; Instalaciones Meyal, 443.300 euros en nueve adjudicaciones en 2018, Altra instalaciones, por ocho adjudicaciones en 2018 por un importe de 394.711 euros y una en 2017 por 48.900; Vidania S. L, por ocho adjudicaciones en 2018 por un valor de casi 400.000 euros y otra en 2017 por 48.900, e Instalaciones Metalworld por siete adjudicaciones en 2018 por un importe de 297.150,00 euros. A ellas hay que añadir, Consistrol Álvarez y Asociados, que recibió 393.930 euros en ocho adjudicaciones en 2018 y una en 2017 por 48.100; Coliman Facility Services S. L, que percibió 395.700 euros por ocho adjudicaciones, así como 49.200 euros en 2017 en una adjudicación) e Integración y Coordinación de Sistemas S. L. que cobró 296.800 euros en ocho adjudicaciones a lo largo de 2017 y 49.400 euros más en 2017 en una adjudicación. Curiosamente ninguna de las empresas citadas fue receptora de alguna adjudicación en 2019, después de que las dos empleadas del CNIO dieran la voz de alarma.

Asimismo, ACU Cerrajeros e Instalaciones Meyal tienen el mismo domicilio social y el administrador único de Instalaciones Meyal es, a su vez, el administrador único de Instalaciones MetalWorld. Además, Comercial Polo Doñoso y Solfinsa Integral, receptores de adjudicaciones menores ya en el año 2020, comparten administrador único: Javier Polo Doñoso.

Solicitan de nuevo medidas cautelares

El juzgado de guardia número 22 de Madrid lleva un mes para decidir si admite a trámite la querella interpuesta por el partido de Santiago Abascal. Fue presentada el pasado día 17 de diciembre y, pese al tiempo transcurrido, el juzgado sigue sin tomar una decisión al respecto. ¿El temor? La posible destrucción de pruebas. Hecho por el cual Vox volvió recientemente a reiterar medidas cautelares el pasado día 30. «El juzgado ni siquiera lo ha admitido todavía. Lo tiene el juez pendiente a pesar de haberlo reiterado», explica Marta Castro, responsable de la Vicesecretaría Jurídica de Vox.

Vox ha solicitado, en la querella presentada, que declaren en calidad de testigos tanto el ministro Pedro Duque, a quien según Marta Castro, responsable de la Vicesecretaría Jurídica de Vox, la presidenta del Comité de empresa «llegó a enviar tres correos al ministro, pero no recibió respuesta», como la directora del ISCIII, la Dra. Raquel Yotti, la cual, como prueban los audios citados, estaba informada de las posibles irregularidades que estaban sucediendo en el CNIO.

Asimismo, el diputado de Vox Víctor González ha manifestado que impulsará medidas en el Congreso de los Diputados para investigar los hechos denunciados, toda vez que «los españoles tienen derecho a saber qué pasa con sus impuestos».