Opinión

Sanidad abandona a los afectados por efectos adversos de algunas vacunas

Sanidad ha rechazado cualquier responsabilidad de la Administración amparándose en que la vacunación fue voluntaria y con consentimiento informado

Dos personas reciben una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 en el Hospital Severo Ochoa de Leganés
Dos personas reciben una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 en el Hospital Severo Ochoa de LeganésA. Pérez MecaEuropa Press

Por vez primera la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) ha reconocido una relación de causa efecto entre un cuadro de miocarditis aguda y la primera dosis de una vacuna de la Covid, en un caso llevado a los tribunales por un particular que, antes de que transcurrieran cuarenta horas de la vacunación, ingresó en una UCI de hospital con un cuadro de suma gravedad. Descartado el infarto de miocardio, los facultativos que le atendieron diagnosticaron “epicardio parcheado en los segmentos con edema, compatibles con miocarditis aguda y una probable reacción a la vacuna de la Covid 19”.

La AEMPS “considera probable” la relación de causalidad entre la dolencia sufrida y la dosis administrada, afirmando también que “la miocarditis es un efecto adverso identificado para las vacunas ARN mensajero”. Al interponer el afectado un procedimiento administrativo contra el Ministerio de Sanidad, este departamento ha rechazado cualquier responsabilidad de la Administración amparándose en que la vacunación fue voluntaria y con consentimiento informado.

“El ciudadano que recibe voluntariamente una asistencia sanitaria debe asumir los efectos adversos derivados de la misma si prestó su consentimiento informado”, dice textualmente la respuesta de Sanidad, lo que ha indignado a las asociaciones de afectados, que subrayan el hecho de que cuando se iba a los centros de vacunación, a las personas apenas se les daba un papel donde ponía que los posibles efectos secundarios serían “dolor local en el brazo, febrícula y cierto malestar”, si bien en la mayoría de los casos simplemente les llegó un SMS con la hora y el lugar de la cita, “pero no hubo ni consentimiento informado ni receta o prescripción de médico alguno”. El afectado lleva dos años esperando la resolución de su expediente para acudir a los tribunales. La Audiencia Nacional ha admitido recientemente, por vez primera, la reclamación de un ciudadano por el mismo motivo.