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Muface escatima las PCR a los funcionarios del Estado

CSIF denuncia que miles de empleados públicos se ven obligados a costear la prueba

Un grupo de personas espera para realizarse un test en un hospital de Barcelona
Un grupo de personas espera para realizarse un test en un hospital de BarcelonaEmilio MorenattiAP

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha elevado una queja al Consejo General de Muface ante “las incidencias detectadas en la aplicación de la prueba PCR por parte del colectivo de funcionarios/as del Estado acogidos a la cobertura sanitaria concertada”. La organización que preside Miguel Borra expone en un comunicado que “al igual que en el caso de Muface, CSIF ha recopilado numerosas incidencias en Mugeju, en las que los mutualistas nos indican las trabas que tienen que afrontar, por lo que el sindicato ha elevado también distintas quejas”.

CSIF asegura que, ”en virtud del protocolo de Muface, las compañías sólo atienden aquellos casos con síntomas de especial gravedad, quedándose fuera los casos más leves, las personas que han tenido un contacto estrecho con un positivo Covid y las personas que tienen que someterse a una operación quirúgica”.

“Los mutualistas se encuentran en tierra de nadie, ya que las comunidades autónomas les deniegan las pruebas por tener la sanidad concertada (sobre este hecho incide también la saturación que afrontan los centros de salud), mientras que las compañías concertadas indican que no están autorizadas para indicar la PCR por los protocolos y se limitan a aquellos casos con síntomas de especial gravedad”. De esta manera, según CSIF, “en la mayoría de los casos se deniega directamente la prueba, se remite al sistema público (donde se les deniega la atención) o bien se les invita a llamar al teléfono Covid para resolver sus dudas”.

En su comunicado, la central expone que por este motivo miles de funcionarios del Estado y sus familiares acogidos a la asistencia sanitaria concertada de Muface -en la actualidad hay 1,486 millones entre funcionarios y beneficiarios, de los cuales alrededor del 77% están acogidos a la sanidad con compañías concertadas-, prefieren pagar la prueba de su bolsillo a arriesgarse a sufrir males mayores por carecer de un diagnóstico de la Covid a tiempo”.