Los países del sur de la Unión Europea vuelven a presionar para que el club comunitario ponga en marcha un certificado de vacunación que pueda incentivar la movilidad y salvar la temporada turística, vital para sus intereses económicos. Aunque Francia y Alemania lideran la oposición a esta iniciativa, el asunto volverá a tratarse en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete que tendrá lugar hoy por vía telemática.

Este encuentro tiene como objetivo coordinar la respuesta frente al coronavirus y abarcar todos los frentes –desde el cierre de fronteras a los problemas de producción de los laboratorios y el consiguiente lento ritmo de vacunación–, pero España mantiene que la cita debe servir para avanzar en esta propuesta. Pese a las reticencias del eje franco-alemán y de los países del Benelux, el Gobierno comienza a ver el vaso medio lleno, ya que considera que la balanza entre partidarios y detractores está sufriendo cambios. «La buena noticia es que se está moviendo la masa de Estados que están apoyando esta idea», aseguran fuentes de la Moncloa, quienes citan a los países nórdicos dentro de este grupo que ahora apoya al sur como modo de facilitar también los desplazamientos por motivos de negocios. «Hay otros que entienden que la movilidad es esencial y no sólo los que tienen un porcentaje de su PIB dependiente del turismo», insisten las mismas fuentes.

El país que hasta el momento ha liderado esta propuesta es Grecia, pero España se ha unido de manera entusiasta junto a Chipre, Malta e Italia. En el otro lado, Francia y Alemania consideran que aún es demasiado pronto para poner sobre la mesa este tema debido a los bajos porcentajes de vacunación en el club comunitario. También dudan de que esta propuesta sea segura, ya que los científicos no tienen evidencias suficientes sobre si los viajeros inmunizados pueden seguir contagiando el coronavirus. Además, debido a los problemas de vacunación en los países europeos y la selección de grupos prioritarios, consideran que un certificado de este tipo podría resultar discriminatorio para aquellos ciudadanos que quieren recibir la dosis de la vacuna, pero no han podido hacerlo. Aunque España entiende estos argumentos, considera que la cumbre de hoy debe servir para dar un impulso a la iniciativa, de manera que el trabajo técnico esté completado antes de que comience la campaña de verano, un paso que nuestro país considera «fundamental».

Fuentes diplomáticas españolas subrayan que en ningún momento se baraja la posibilidad de que las personas que no estén vacunadas no puedan viajar, pero podrían quedar exentas de presentar una prueba PCR antes de desplazarse a otro Estado Miembro.

La Comisión Europea es partidaria de trabajar en esta propuesta, pero cree que la emisión un certificado europeo, reconocido en todos los países del bloque, debe tener como prioridad la puesta en común de datos médicos y utilizarse como modo de reactivar el turismo, u otros sectores, tan sólo en una fase posterior. Uno de los grandes interrogantes reside en qué puede pasar si resulta imposible aunar posturas en el seno de los Veintisiete. Grecia ya ha llegado a un acuerdo por su cuenta para poner en macha un corredor turístico con Israel, el país campeón en el ritmo de vacunación, y uno de los grandes peligros es que se impongan los movimientos unilaterales.

Precisamente mientras unos piensan en abrir las fronteras, otros tan sólo quieren cerrarlas. El Ejecutivo comunitario envió este martes una misiva a seis países europeos –Alemania, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Hungría y Suecia– por sus cierres fronterizos que suponen «interrupciones de la libre circulación y de las cadenas de suministro». Si la respuesta no es satisfactoria, la Comisión Europea podría iniciar procedimientos de infracción.

Fuentes diplomáticas europeas anticipan un debate «muy vivo», pero creen que el presidente del Consejo, Charles Michel, no usurpará el papel de la Comisión Europea como guardiana del cumplimiento de la legislación europea. En la cumbre del pasado 21 de enero, los Veintisiete se comprometieron a no imponer estos controles y a restringir tan sólo los viajes no esenciales a las zonas con mayor incidencia del virus (superior a 500 casos por 100.000 habitantes). Fuentes diplomáticas recuerdan que este principio es tan sólo una recomendación y que los países europeos mantienen la potestad en la gestión de sus fronteras.