Madrid se rebela y no cerrará en el puente ni en Semana Santa

Si el Gobierno quiere que la Comunidad de Madrid cierre durante el puente de San José y Semana Santa se lo tendrá que imponer por decreto. Porque, ayer, tras el Consejo Interterritorial, el consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero, adelantó que no están dispuestos a prohibir la libre circulación de los ciudadanos que quieran entrar o salir de la comunidad. Una decisión que agita aún más el tablero político español. La moción de censura del PSOE y Ciudadanos contra el presidente de Murcia (PP) y el posterior adelanto electoral de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para evitar el mismo ataque, complicarán la cooperación que requiere la gestión contra esta pandemia.

Desde que se conoció el primer borrador del plan de Semana Santa, la Comunidad de Madrid expresó su rotundo rechazo. Sobre todo en lo referente al cierre perimetral, ya que defendía que «no se ha demostrado efectivo para contener los contagios en los puentes de octubre y diciembre». No obstante y pese al rechazo de esta medida, Ayuso mantuvo hasta este mismo martes su intención de acatar lo votado en el Consejo Interterritorial. Como era de esperar, todas las comunidades –menos Cataluña, que se abstuvo por no estar presente en el momento, y Madrid–, votaron a favor del cerrojazo tanto en el Puente de San José (17 al 21 de marzo) como en Semana Santa (26 de marzo al 9 de abril). Con la excepción de Canarias y Baleares, que hicieron valer su condición insular para poder seguir recibiendo turistas. Precisamente, esta excepción fue la que provocó el enfado de Madrid y también el de Galicia. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, trató de explicar esta decisión asegurando que «no se puede ir a las islas a hacer turismo» y que solo se puede entrar o salir de ellas en los supuestos que contempla el Estado de Alarma (trabajo, visitas médicas...). Pero esas mismas razones las puede alegar cualquier ciudadano de otra región para salir de su comunidad durante el cierre perimetral de Semana Santa y San José. No queda claro, entonces, por qué las islas quedan abiertas y el resto de territorios no.

Para lograr el mayor consenso posible, Sanidad sí flexibilizó algunos puntos del plan inicial. Finalmente, permitirá a las comunidades alargar el toque de queda hasta las 23 horas y las reuniones de seis personas en espacios públicos al aire libre, aunque tendrán que reducirse a cuatro en los entornos cerrados.

“De obligado cumplimiento”

Pese a los esfuerzos del ministerio por contentar a los gobiernos regionales, lo cierto es que molestó la diferencia de trato. Esa fue una de las razones por las que el consejero madrileño Ruiz Escudero dio una rueda de prensa para afirmar que no acatará el cierre perimetral. Y, la ministra tuvo que salir al paso: «No es lo que ha manifestado en el consejo» afeó. Darias, elevó su habitual tono cordial y avisó a Madrid de que la limitación de movilidad «será obligatoria tanto ’'de iure’', porque se publicará en el BOE, como ’'de facto’', porque el resto de comunidades permanecerán cerradas». La realidad es otra. Para hacer cumplir esta medida, el Gobierno tendrá que aprobar un decreto especial, como sucedió en septiembre. Entonces, ante el aumento de contagios tras un verano sin apenas restricciones, el Consejo aprobó limitar la movilidad en territorios con incidencias superiores a 500. Madrid no quería y pidió que se respetara su política de cierres más quirúrgicos, por áreas de Salud. Pero Pedro Sánchez no estaba dispuesto a colaborar. Así que para imponer a Ayuso el cierre de la capital y de otros 10 municipios tuvo que aprobar un Estado de Alarma exprés que solo afectó a la comunidad madrileña.

Así que, aunque Darias repitiera ayer que lo aprobado en el Interterritorial es «de obligado cumplimiento», no está claro. Julio Sánchez Fierro, exsubsecretario del Ministerio de Sanidad, explica que «lo que se aprueba en el Consejo solo es obligatorio para los que votan a favor, para los que votan en contra, una mera recomendación». Aclaraque este órgano «es un foro de coordinación de políticas, no un consejo de administración en el que lo que se vote tenga que ser ejecutivo». «No es un trágala, las comunidades no pierden sus competencias por estar allí representadas: el artículo 146 de la Constitución establece que les corresponde a ellas la gestión de la asistencia sanitaria».

Sánchez Fierro aclara que para obligar a Madrid a acatar la restricción de movilidad habría que dejar en suspenso ese punto de la Constitución. Y que para ello, el Gobierno tendría que imponerselo por decreto.