Doble cumbre antiabusos de los obispos: con el Papa y con los religiosos

La Iglesia española pisa el acelerador en su cambio de registro a la hora afrontar la crisis de los abusos sexuales. Hace un mes, en plena tormenta política y mediática, los obispos anunciaron una auditoría externa para radiografiar el alcance de esta lacra. A partir de este salto de la reactividad a la proactividad, se han multiplicado las iniciativas eclesiales para poner coto a la pederastia.

Hoy mismo la sede de la Conferencia Episcopal acogerá la que podría considerarse como primera cumbre entre los obispos y las congregaciones religiosas, con la presencia del despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo, para clarificar los pilares desde los que trabajar el futuro informe, pero también en materia de justicia restaurativa para las víctimas. A ella asistirán tanto los responsables de las oficinas de atención a las víctimas creadas por las diócesis como representantes de los institutos de vida consagrada coordinados por la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), además de un portavoz de Escuelas Católicas.

En paralelo, también ha trascendido que la semana que viene el cardenal Juan José Omella encabezará una delegación en Roma, acompañado por el vicepresidente de los obispos, el cardenal Carlos Osoro, así como el secretario general, Luis Argüello. Aunque en un primer momento el arzobispo de Madrid se descolgó, al parecer por problemas de agenda, finalmente se sumará al equipo.

Así, los tres se reunirán con Francisco, al que quieren informar de los pasos dados en el último mes. Según ha podido confirmar LA RAZÓN, lejos de producirse en la residencia de Santa Marta, los obispos españoles han querido darle entidad de audiencia en los palacios apostólicos para significar la importancia dada al camino iniciado. Será allí donde el también arzobispo de Barcelona comparta con el pontífice las demandas que le expresaron las víctimas pertenecientes a la asociación Infancia Robada, con la que se reunió la pasada semana. Con ellas se comprometió a verbalizar ante el Papa tanto su sufrimiento como sus dudas sobre la auditoría encargada por los propios obispos.

Lejos de lo que se habría comentado en algunos foros, tanto en la Comisión Ejecutiva como en la Comisión Permanente los obispos participantes habrían respaldado el giro dado para afrontar el problema de cara. Sin embargo, sí se espera que en la Asamblea Plenaria que se celebrará a finales de abril sí se escuche alguna voz disonante, especialmente respecto a la comisión que capitaneará el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y a la apertura de los archivos diocesanos.

Oficialmente, la Iglesia ha manifestado que colaborará con esta investigación, pero con cierta cautela prefieren por el momento abstenerse de hablar de «participación» hasta que no se detalle las funciones, metodología y composición del equipo de trabajo promovido desde Moncloa.