Tribunales

Un acusado por abusos sexuales a menores tutelados reconoce los hechos en el juicio

Admitió haber pagado por sexo con chicos desamparados de un centro de Vitoria

Algunos de los diez acusados durante un juicio contra diez personas acusadas de pagar por tener sexo con menores tutelados
Algunos de los diez acusados durante un juicio contra diez personas acusadas de pagar por tener sexo con menores tuteladosPablo GonzálezEuropa Press

El lunes arrancó en la Audiencia Provincial de Álava el juicio contra diez hombres acusados de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública. Si entonces, en el inicio de la sesión, tres de los diez procesados llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y aceptaron penas de prisión, en la sesión de ayer un cuarto acusado también reconoció los hechos tras ratificar el principio de acuerdo alcanzado el lunes, por lo que podría ser condenado a 5 años y medio de cárcel.

Estos tres procesados aceptaron penas de cárcel que van de 1 a 13 años tras reconocer haber pagado por tener relaciones con menores, mostrar su arrepentimiento, pedir disculpas a las víctimas y comprometerse a no reincidir. Según recuerda Efe, este caso saltó a la luz en noviembre de 2016 cuando se conoció que la Ertzaintza estaba investigando a varios hombres por pagar por tener sexo con menores tutelados tras recibir una denuncia del director del centro de Sansoheta de Vitoria, que entonces acogía a jóvenes con problemas de comportamiento cuya tutela había sido retirada a sus progenitores.

En la actualidad las víctimas ya son mayores de edad y a lo largo de este miércoles van a declarar a puerta cerrada en el juicio. La vista de ayer arrancó con la declaración de ese cuarto acusado que llegó a un acuerdo tras admitir la comisión de dos delitos de corrupción de menores y uno de abuso sexual.

Los otros seis procesados que no han llegado a acuerdos de conformidad argumentaron el lunes ante el tribunal que les juzga que desconocían que las personas con las que contactaban eran menores y cuando les mostraron sus fotografías opinaron que podían tener perfectamente 18 años.

Además mantuvieron que pensaban que todo era legal en la web a través de la que contactaban porque era para adultos.

«No se me ocurre, ni se me pasa por la cabeza que un menor esté en una página de estas», aseguró uno de los acusados. Otro explicó que cuando ha tenido dudas ha pedido el DNI y ha insistido en que «jamás» ha estado con un menor.

«Si me dice que es menor de edad no hubiera estado con él», explicó otro de los acusados, que remarcó que partía de la base de que contactaban a través de una página para adultos.

El tribunal también escuchó a otro de los acusados explicar que esperó a que el joven con el que contactó cumpliera los 18 años para mantener relaciones después de que en un primer encuentro le dijera que tenía 17 pero que a finales de ese mes era su cumpleaños.

«Me pareció que era joven pero no menor, y menos por cómo se desenvolvía. Él manejó la situación», declaró otro de ellos.

Durante la vista la fiscal jefe de Álava, Carmen Cotelo, que fue precisamente la que como juez de menores instruyó este caso, recordó a los acusados que lo que están afirmando ahora no se ajusta a lo que en su día relataron en la instrucción.

Además, antes del inicio de la sesión de ayer el abogado de la Asociación Clara Campoamor, personada como acusación popular, José Miguel Fernández, dijo que en las fotografías que se tomaron durante la instrucción a los menores se ve «claramente» que no eran mayores de edad.

Responsables de sus «hijos»

También aseguró el abogado de Clara Campoamor que si todos los padres son responsables subsidiarios de lo que hacen sus hijos, en este caso la Diputación de Álava como tutor que era de estos menores cuando se produjeron los hechos debería serlo.

El Ministerio Público solicita por estos hechos penas que superan los cien años de cárcel para los seis acusados que siguen en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública.

En el proceso judicial también está personada como acusación particular la Diputación de Álava que se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal y la Asociación Clara Campoamor que como acusación popular reclama penas que oscilan entre los 15 y los 29 años y medio de prisión para los seis procesados.

El juicio que se está desarrollando estos días en la Audiencia Provincial de Álava está causando un gran impacto en la sociedad, especialmente entre los vecinos de Vitoria, que asisten con horror al hecho de que menores tutelados por la Comunidad, en situación tan vulnerable, pudieran estar siendo víctimas de abusos.