El Ministerio de Igualdad destina en tres meses 217 millones de euros para abolir la prostitución

El Gobierno de España avanza decididamente hacia la abolición de la prostitución, una tarea en la que el Ministerio de Igualdad proyecta invertir, hasta 2026, la impresionante cifra de 217 millones de euros. En concreto, en los últimos tres meses, la cartera que dirige Irene Montero ha anunciado tres vías a las que destinará este presupuesto: 204 millones de euros en el Plan Camino- aprobado el pasado 20 de septiembre- que busca dar alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución; 12,9millones para la puesta en marcha del denominado Plan de Inserción sociolaboral, que se basa en subvenciones a entidades para la inserción sociolaboral de mujeres en las circunstancias citadas anteriormente y 101.887,96 euros en un estudio para conocer el número y distribución de las trabajadoras sexuales en España.

La Delegación contra la Violencia de Género justificó hace unas semanas este último gasto en que «los datos y estudios sobre prostitución, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual a nivel nacional e internacional son escasos, y los que hay presentan numerosas limitaciones (generalmente son de tipo cualitativo y/o usan muestras no representativas y sesgadas), lo que se traduce en que coexisten una gran variedad de cifras y datos».

Una respuesta que contrasta bastante con la seguridad que han mostrado en defender los argumentos- basados en cifras y porcentajes obsoletos- contra la prostitución en los que se basa la Ley 122/000240, que pretende abolirla, y que tienen previsto aprobar antes de que termine el año. Estas cifras son que, de las 45.000 mujeres que se supone ejercerían la prostitución en España, entre el 90 y el 95% son víctimas de trata o de explotación sexual.

Nadie ha consultado sobre su veracidad a las personas afectadas, las prostitutas, que llevan meses pidiendo reunirse con Montero para que escuche sus argumentos. Por el momento, se ha negado a recibirlas. Por ello, la plataforma Stop Abolición ha estado organizando, cada mes desde el pasado junio, manifestaciones en las principales cuidades de España para pedir que no se haga una ley “para ellas” sin contar con ellas.

“Ningún sector asociativo ni empresarial del trabajo sexual ha sido consultado en el proceso de formulación de dicha ley”, señalan desde Stop Abolición.

La Proposición de Ley, impulsada por el PSOE y apoyada por Unidas Podemos y por el PP, recoge la modificación del artículo 187 del Código Penal para que se castigue de forma general el proxenetismo- sin exigir relación de explotación- con multas de doce a veinticuatro meses y penas de prisión de uno a tres años, e incluye la tercería locativa, que implica penalizar a los propietarios de pisos o locales en donde se ejerciera la prostitución, con penas de cárcel de dos a cuatro años, incluyendo multas para todos aquellos que saquen rédito del trabajo sexual.

Los socios del Gobierno se han mostrado muy críticos con esta Ley. Tanto ERC como Bildu y la CUP votaron en contra de su aprobación el pasado 29 de septiembre, y el PNV registro ayer en el Congreso una iniciativa para crear una subcomisión parlamentaria que estudie la situación de la prostitución en el país y con el objetivo que la Cámara baja cree un informe en la materia con “datos reales y verificables”, para ser remitido al Gobierno. El portavoz de Igualdad de la formación vasca en el Congreso, Joseba Agirretxea, criticó durante su intervención el intento de los socialistas de poner fin a la prostitución recurriendo únicamente a la vía penal y “criminalizando” a las mujeres que la ejercen y abogó por obtener “un diagnóstico veraz y consecuente” del tema para “legislar en consecuencia”.

Condenadas a la clandestinidad

La plataforma Stop Abolición se opone a la nueva legislación con distintos argumentos. Entre los más importantes, que la Ley prohibe de facto toda forma de trabajo sexual, al penalizar todos sus servicios allegados, incluyendo la vivienda; que el hecho de encargar un informe cuantificador hace ver que los datos que se disponen a fecha de hoy no son fiables o que académicos y expertos alertan que la penalización del trabajo sexual aboca sin remedio a la clandestinización de la actividad, ya que los procesos de reinserción no voluntarios no son eficaces en una altísima proporción.“Las trabajadoras sexuales no piden ser rescatadas, sino respetadas y dotadas de derechos”, manifiestan.

Por otro lado, señalan que, dado que España es un país con una alta tasa de paro y de economía sumergida en relación con Europa, afrontar la reinserción laboral forzada de un número alto y desconocido de trabajadoras sexuales parece una acción de alto riesgo social. “En un país con graves carencias de vivienda y empleo, una acción política de reinserción forzada masiva puede tener consecuencias catastróficas”, concluyen.

“Con los datos de investigación sobre la mesa, la ley no tiene sentido. Va a provocar más delincuencia, marginación, estigma, y desprecio social”, señala la antropóloga de la Universidad de Comillas, de Madrid, Carmen Meneses, que vivió durante meses en varios clubes de alterne para estudiar el fenómeno.

“Si de verdad se quiere controlar la prostitución lo primero que hay que hacer es reformar el mercado laboral y cambiar la Ley de Extranjería. La mayor parte de las mujeres que ejercen trabajo sexual lo hacen para ganar dinero, de forma continua o esporádica. Y la mayor parte de las extranjeras que están en ese mercado, lo están porque la ley de extranjería les exige pasar tres años antes de tener un permiso de residencia. No puede trabajar de forma legal. Dos circunstancias que están detrás de las razones por las que las mujeres eligen ejercer la prostitución”, añade la investigadora