El peligro de dejar sin protección a las personas con trastornos mentales graves

En España hay medio millón de personas con esquizofrenia, más de un millón con patología dual –una enfermedad que designa la existencia simultánea de un trastorno adictivo y otro trastorno mental, o la intersección de ambas disfunciones– y 800.000 con trastorno bipolar. Aunque existen más trastornos mentales graves, estos son los principales, y suponen cerca del 5% de la población. Si a esto sumamos el 6,7% que está afectado por ansiedad, y el cerca del 8%, por depresión- el doble en mujeres que en hombres- nos encontramos con nada desdeñable 15% de la población en España con trastornos mentales incapacitantes que tienen un gran impacto sobre su calidad de vida y la de los que les rodean.

Además, según los datos de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesitan tratamiento no lo reciben, y un porcentaje significativo no recibe el adecuado. En este contexto, y teniendo en cuenta que, probablemente, estas cifras sean del doble actualmente dado que no se han actualizado aún post pandemia –y se sabe que la situación de crisis sanitaria disparó los trastornos de salud mental hasta en un 40%– el Gobierno ha puesto la salud mental en el centro de su política sanitaria.

Lo primero fue la Estrategia la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (ESMSNS), cuyo plan de acción fue aprobado por unanimidad en el pleno de Consejo Interterritorial (CI) en diciembre de 2021, y que ya apuntaba maneras. Entre otros conceptos mostraba preferencia por medidas «intermedias», frente a la hospitalización estándar en plantas de Psiquiatría. Hospitales de día y «miniresidencias» eran los dispositivos de hospitalización parcial que proponía que se priorizaran en la atención a personas con episodios agudos, además de la atención a domicilio y la atención en crisis. Hasta ahora, no se ha proyectado ninguno.

Ingresos involuntarios

Según determinaba el texto, lo que se perseguía era disminuir el sufrimiento e incrementar la calidad de vida de los pacientes con problemas de salud mental graves e inestables. Por otro lado, se hacía referencia a los ingresos involuntarios –aquellos que se hacen sin el consentimiento del paciente, cuando el equipo médico determina que hay una situación de riesgo cierto para él o para terceros– que, conllevan, en ocasiones, sujeciones mecánicas.

«Todo esto es muy ‘comprable’ desde fuera, pero absolutamente irreal. Los que ingresamos a los pacientes somos los médicos, sí, pero a petición de las familias. Y lo hacemos por ética profesional. De hecho, no hacerlo es dejación de nuestra responsabilidad y desatención al enfermo», explica José Luis Carrasco, Catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid y del Hospital Clínico San Carlos. «A nadie le gusta sujetar a un paciente, pero es algo que se hace por su propia protección y por las de las personas que le rodean», añade.

“Los ingresos involuntarios son siempre garantistas, ya que nosotros los especialistas podemos pedir a un juzgado la autorización para hacerlo, para que sea este el que acabe determinando si autoriza o no el ingreso. Es decir, que en la legislación actual ya existe esa garantía de que no es una decisión que tome el psiquiatra por su opinión profesional”, apunta Josep A. Ramos-Quiroga, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Vall d`Hebrón, de Barcelona.

El siguiente paso a la Estrategia fue la Proposición de Ley General de Salud Mental, que se encuentra estancada desde que fue presentada en el Congreso de los Diputados el 17 de septiembre de 2021.Desde entonces, el texto legislativo ya ha ampliado su plazo de presentación de enmiendas en más de 30 ocasiones, lo que le ha valido el sobrenombre de «la ley bloqueada». Las sociedades médicas de Psiquiatría y salud mental –SEPB Y SEPSM– que en ningún momento fueron consultadas por el Gobierno para consensuar ni colaborar en la redacción del texto, pusieron el grito en el cielo desde el primer momento, por razones de peso.

Una de las principales críticas es que el documento no hace mención alguna sobre los trastornos mentales graves, que ocupan el quehacer principal de la atención en salud mental en España. Además, estos trastornos son los que realmente sufren las carencias del sistema en número de profesionales: recursos intermedios, listas de espera, plazas de hospitales de día y centros de rehabilitación, políticas de integración en la vida laboral, entre otras. “En muchas regiones de España hay una ratio de una enfermera por cada 20 pacientes en las plantas de psiquiatría, que es algo absolutamente inadmisible”, señala Ramos-Quiroga.

«Es una ley hecha por ideólogos, no por técnicos. Es evidente de donde proviene: de un partido de la oposición (Unidas Podemos) que nunca ha gobernado ni sabría cómo hacerlo, sino no plantearía una barbaridad de estas dimensiones. Es un verdadero disparate científico que produce sonrojo en cualquier país occidental. Realmente esperamos que nunca vea la luz», destaca Carrasco, también portavoz de la SEPB.

Negar la existencia de los trastornos mentales

Tal y como argumenta esta sociedad, en el documento se cita continuamente los «malestares psicosociales y malestares de la vida cotidiana» como causa de los trastornos mentales, pero no se nombra ni una vez la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el autismo, las demencias o los trastornos obsesivos-compulsivos.

«Es una posición claramente anti- científica. Las enfermedades mentales existen más allá de la estructura social. Es una negación de la enfermedad mental desde el punto de vista ideológico, que no hace sino dejar a las personas que las sufren sin recursos y sin protección. También manda un mensaje de desesperanza, porque si la causa del trastorno está en la sociedad no hay mejora individual posible», añade el experto.

Además, desde la SEPB señalan que la ley está plagada de apriorismos falsos y contrarios a los datos y evidencia de años de investigación en este campo. «La única vez que se hace referencia a dicha evidencia se habla de filósofos contemporáneos vinculados a sistemas filosóficos muy concretos. Lo que no hace más que reforzar la idea de que esta es una ley más del ámbito de la filosofía y sociología que de los trastornos mentales; al menos como los entiende la OMS y el resto del mundo civilizado».

Otro punto crítico es que el texto pone límites a la utilización preventiva de medicación neuroléptica o antipsicótica, que supedita a la aprobación del Defensor del Paciente. «No hay ninguna ley en el mundo que diga a los médicos los tratamientos y terapias que se pueden usar o no, menos aun cuando estos tienen una eficacia y validez clínica más que contrastada», detallaRamos-Quiroga.

Sin un plan nacional frente al suicidio

Hace poco más de un mes, PSOE, ERC y PNV rechazaron la propuesta presentada en el Senado para desarrollar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Un cambio de postura que sorprendió a propios y ajenos–recibieron críticas desde dentro del propio partido, desde las sociedades médicas y desde las asociaciones sociales–y que va totalmente en contra de lo que vienen anunciando desde el segundo año de pandemia. «Nos quedamos muy decepcionados por esta decisión del Gobierno, especialmente porque en España el suicidio es la segunda causa de muerte no natural en jóvenes, después de los accidentes de tráfico. Tanto para estos como para la prevenir la drogadicción, existe un plan nacional», explica Alejandro de la Torre, profesor del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la Universidad Complutense de Madrid. «El Gobierno ya se comprometió en 2010 a desarrollar este plan, y además es algo que demanda la Organización Nacional de la Salud. En países donde se ha implantado, como Austria o Dinamarca, ha habido tanto una reducción del número de suicidios como de intentos. Pero aquí no parece prioritario», añade.