La fiscal de Violencia contra la Mujer ordena a los fiscales “intensificar” la protección de las víctimas

La Fiscalía de Sala de Violencia Contra la Mujer ha remitido este miércoles un escrito a todos los fiscales de España para “intensificar” la acción en la protección de las mujeres. La fiscal jefa Teresa Peramato remarca en concreto dos puntos: que se soliciten medidas cautelares a los agresores aunque las víctimas no las pidan y que se pidan dispositivos telemáticos que sigan al sospechoso aunque no se haya interesado prisión provisional. Este escrito delimita así un nuevo marco en la actuación del Ministerio Público después del repunte de asesinatos machistas con un final de año negro y un inicio con cuatro mujeres asesinadas en diez días. De todas las agresiones sucedidas desde enero a diciembre de 2022 resulta que en el 42,85% de los supuestos había denuncias previas y solo en seis ocasiones se había acordado una orden de protección.

En el oficio, de cuatro páginas al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la fiscal explica la necesidad de una actuación “proactiva” en el contexto de violencia machista actual. Para ello insta, en primer lugar, a los funcionarios públicos a que soliciten cuando proceda, “y aunque ellas no lo interesen, las medidas cautelares que sean necesarias para enervar en la medida de lo posible el riesgo de reiteración de conductas violentas”.

En segundo lugar, aclara que en situaciones de riesgo extremo, alto, o medio, los fiscales deben pedir la “instalación del dispositivo telemático de detección de la proximidad, salvo que entiendan que procede acordar la prisión provisional”. Además, ordena a los fiscales que informen antes del 15 de febrero sobre las posibilidades, ventajas y desventajas de extender en el territorio en el que trabajan los Juzgados de Violencia contra la Mujer.

Peramato justifica este oficio por el “elevado número de feminicidios” que se han producido en las últimas semanas.En concreto, data de 12 asesinatos solo en diciembre, en el que el 50% tenía denuncias previas por la pareja o expareja que finalmente murió. De ellas, solamente en dos ocasiones se acordó una orden de protección y en ambas quedaron sin efecto las medidas en pocos meses. Además, en otras dos ocasiones los procedimientos terminaron con sentencia condenatoria y en dos más había denuncias en tramitación y no se había acordado ninguna medida cautelar.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también apoyan el escrito de la fiscal: la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es del 20% (10.302 solicitudes frente a 49.479) y las acordadas fueron el 66,7% de las solicitadas (6.873). Esto deja una estadística bastante baja, es decir, solo un 13,9% de los supuestos denunciados lograron una medida de protección para la víctima.

“Debemos ser proactivos en orden a procurar la máxima protección de las mujeres y de sus hijas e hijos, todos víctimas de violencia, extremando la diligencia a la hora de valorar todas las circunstancias personales”, redacta la fiscal. Admite que el sistema VIOGEN “no siempre es suficiente” y, por eso, para “mayor certeza y seguridad” acuerda esta nueva forma de actuación.

Interior busca cómo informar a la víctima

Por su parte, el Ministerio del Interior lleva meses trabajando en un protocolo de actuación para mejorar la protección de las víctimas de género. Ya la Fiscalía de Sala Contra la Violencia de Género se pronunció sobre el alcance que podía tener la propuesta de informar a las mujeres de los antecedentes penales de su agresor. No se puede hacer de forma “automática” y “generalizada”, pero sí es posible si con esta información se aminora el peligro para la víctima.

“Únicamente debiera realizarse una vez se concluya, tras el examen y valoración de las circunstancias particulares de cada caso”, explicó Peramato. Y para ello es necesario ponderar si los “antecedentes suponen un factor de riesgo relevante” y, además, si “comunicar esa concreta información a la víctima resulta necesario para prevenir, en ese supuesto concreto, la comisión de una infracción penal mediante la adopción de medidas adecuadas de protección o autoprotección”.

Sobre estos mimbres, Interior trata de articular legalmente la forma de ponderar este riesgo y poder informar a determinadas víctimas de la multirreincidencia de su pareja. Fuentes del Ministerio explican que los expertos han detectado que cuando el agresor tiene antecedentes la mujer corre un mayor peligro porque suelen actuar más rápidamente y de forma más virulenta en menos riesgo. Y esto, por otro lado, supone una gran frustración para los responsables de Seguridad que ven cómo las víctimas no quieren denunciar o no conocen la peligrosidad de la persona con la que viven.