Pulseras “trampa” para tapar la chapuza del «solo sí es sí»

Igualdad revela que ya se han colocado dispositivos telemáticos para los agresores sexuales excarcelados por la polémica modificación de la ley

En libertad pero controlados. Ese fue el mensaje que ayer trató de difundir Igualdad con el anuncio de los nuevos dispositivos telemáticos que se van a colocar en algunos agresores sexuales. Muchos interpretaron ayer la iniciativa como un mero instrumento para «maquillar» el nefasto resultado de la llamada ley del «solo sí es sí», que ayer ya llevaba 261 beneficiados con rebajas de condena o excarcelaciones.

La Delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, admitió ayer que ya se han instalado estos dispositivos de control a agresores sexuales excarcelados tras la revisión de su pena por la polémica ley aunque no quiso precisar el número concreto de los aparatos que están activos en este sentido por «motivos de seguridad».

En rueda de prensa, Rosell explicó a Europa Press que su departamento ofreció estos dispositivos en diciembre al servicio Cometa, que los gestiona, para su uso en casos de violencia sexual y, en concreto, ante las «sorpresivas reducciones de condena» o las «excarcelaciones inesperadas» por las revisiones que se están sucediendo.

Aunque el pasado 17 de enero, la delegada del Gobierno aseguró que no habían recibido ninguna petición judicial de esta medida por parte de las víctimas, ayer confirmó que sí se han solicitado y que todas las pedidas «ya han sido instaladas».

Sobre la implantación de esta medida de control, Rosell aclaró que, salvo casos excepcionales, las condenas por delitos sexuales van acompañadas de medidas de alejamiento que deben durar entre 1 y 10 años más que la pena de prisión y que la pulsera telemática sería una medida de control para este periodo.

Es decir, se trata de una herramienta de control para una pena ya impuesta y que se instala tras la solicitud por orden judicial.

Rosell señaló que el objetivo de esta medida es que los agresores excarcelados tras la revisión tengan un «control telemático» durante ese periodo de alejamiento. Además, la delegada del Gobierno en materia de Violencia de Género asegura que esta medida «incide positivamente en la situación de seguridad» de la mujer, tanto subjetivamente como objetivamente.

Este tipo de dispositivos se utilizan actualmente en casos de violencia de género; es decir, los que se producen en contexto de pareja o expareja cuando hay una orden de alejamiento decretada por un juez y la víctima es de riesgo. Es precisamente por lo que muchas víctimas ayer interpretaron este anuncio como un mero «parche» para tratar de solucionar el problema creado con la excarcelación de muchos agresores.

Las víctimas llevan tiempo explicando los problemas que generan estos dispositivos «cometa». Es el caso de Leticia, una víctima que hasta el año pasado estuvo dentro del sistema «VioGen» de protección a estas mujeres y que denunció que precisamente por culpa de esta pulsera su agresor dio con su nueva vivienda. Ocurrió porque su exnovio trató de dar con ella cuando salió de prisión. Sabía donde vivía ella y comenzó a adentrarse en el barrio.

A ella le pitaba su dispositivo, que le avisa de que el agresor ha traspasado los metros de alejamiento establecidos (a veces por desconocimiento) y, aunque las autoridades deberían proceder a su localización y detención por quebrantamiento de condena, no siempre ocurre y volvía a pitar casi a diario. Por eso, presa del pánico, decidió cambiarse de barrio y él no paró hasta encontrarla de nuevo. «Precisamente fue por la pulsera, cuando empezó a pitarle, por lo que supo que volvía a estar cerca de mí, sino no se hubiera enterado. Lo que se supone servía para salvarme, se convirtió en el chivato de mi agresor», denuncia Leticia. Por eso ayer ella, como tantas otras víctimas de la violencia de género que son las que han llevado los «cometa», lamentaban que sea la «solución» propuesta por Igualdad para proteger a las víctimas de agresiones sexuales afectadas por las rebajas de condena tras la entrada en vigor de la modificación de condenas por la ley del «Solo sí es sí».

Pero Rosell también hizo referencia a ellas: a las víctimas de violencia de género. La delegada aseguró que de las 49 mujeres asesinadas por este motivo en 2022 casi la mitad, 21 de ellas, habían denunciado previamente a su presunto agresor y en cinco de los casos permanecían en vigor las medidas impuestas contra el mismo.

Rosell detalló que una de cada tres víctimas mortales tenía entre 41 y 50 años, el mismo porcentaje y edad que se registra en las estadísticas sobre los presuntos agresores. También coinciden los perfiles de víctima y agresor en que la mayoría pertenecen al rango de edad entre 31 y 50 años.

En cuanto a la situación de la víctima y el agresor en el momento del crimen, Igualdad apunta que en 32 de los 49 casos, aún eran pareja, mientras que los 17 restantes se encontraban en fase de ruptura o eran expareja. Además, 10 de los presuntos asesinos se suicidaron tras el asesinato y otros 9 lo intentaron. Del mismo modo, han destacado que la mayoría de los sucesos se registran en lunes y en fin de semana.