Las autonomías del PP responden al requerimiento de Sanidad sobre los datos de los cribados: "Su trabajo sigue sin estar hecho"

Mónica García insiste en mantener su estrategia de descrédito a las comunidades autónomas del PP, a las que acusa de negarse a enviar a Sanidad los datos de los distintos cribados de cáncer llevados a cabo en sus territorios. Esta mañana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha anunciado que su departamento ha enviado un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que, en el plazo de un mes, remitan los datos sobre los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. "El requerimiento formal que hemos remitido exige la remisión inmediata de estos datos, de los indicadores del programa poblacional del cribado de cáncer, unos indicadores que han sido pactados con todas las comunidades autónomas, y lo hacemos por una razón muy sencilla, la ley se cumple", ha sentenciado.

En la carta, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN la ministra apela a la lealtad institucional, precisamente la misma que las autonomías del PP le acusan de violar repetidamente en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, motivo por el cual abandonaron en bloque el último Pleno, el de viernes 23 de octubre.

La respuesta de los consejeros autonómicos, a quienes va dirigida la carta, no se ha hecho esperar. "La ministra continúa en una huida hacia delante después del último Pleno del Cisns. Sigue sin reconocer que quien tiene que trabajar es ella. Recordamos de nuevo que la herramienta para el volcado de los datos de los cribados sigue sin estar desarrollada, así como el plan funcional, que es el documento técnico que evalúa lo que se va a medir", señalan a LA RAZÓN fuentes de la Comunidad de Madrid. "Los indicadores de cribados no están ni aterrizados, ni definidos, ni aprobados por la Ponencia de Cribados, de manera que los datos no se pueden medir de manera homogénea ni comparar", añaden.

De hecho, en la carta remitida a los consejeros, entre otros artículos de distintas leyes, se cita una que muestra de quién es la competencia a la hora de poner marcha el citado sistema de información. "La STC 22/2012, FJ 9, para el Tribunal Constitucional, constituye una manifestación de la función de coordinación general atribuida al Estado en materia sanitaria: 'la fijación por la norma estatal de un sistema de información entre los distintos órganos con competencia...”.

Tal y como informó este periódico el pasado viernes, el Ministerio de Sanidad de Mónica García falló a la lealtad institucional que les debe a las comunidades autónomas y los técnicos que forman parte de la Ponencia de Cribados, grupo de consenso para esta materia dentro del Cisns, con el objetivo de hacer imposible a las consejerías de Salud responder a su demanda de los datos de cribados de cáncer en tiempo y forma.

El objetivo de la ministra no era otro que dejar una prueba por escrito de la supuesta eficacia de su departamento y poner en evidencia a las autonomías, que sabía que no tenían los medios para entregarle las cifras solicitadas, como tampoco los tienen ahora.

Y no los tenían por dos motivos. El primero, que los indicadores que se habían estado trabajando en la ponencia no estaban aún consensuados ni aprobados (se seguían debatiendo temas técnicos, como si la población a invitar se sacaría del padrón o de la Tarjeta Sanitaria Individual).

Según pudo saber este periódico, Sanidad entró, sin avisar a nadie, en los documentos de trabajo compartidos con los técnicos para acceder a la última versión del "Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional del cribado de cáncer del SNS" y coger de ahí el listado de indicadores que luego incluyó en la carta que envió a los consejeros de Sanidad el pasado 13 de octubre para pedirles que presentaran sus datos de cribado (incluyendo todo el año 2023) en el pleno del Consejo del 23.

El segundo, que las autonomías no disponen del sistema de información necesario para poder volcar los datos de sus programas de cribado. El Ministerio de Sanidad se había comprometido a poner en marcha este programa informático en 2024, un sistema que requería de un presupuesto y que, lógicamente se tenía que licitar públicamente para que lo desarrollara una empresa externa. Pues bien, ninguna de las dos cosas se han concretado más de un año después.