¿Cerrará el Gobierno las universidades públicas más pequeñas?

Según anunció esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un nuevo decreto (aún en fase de tramitación) endurecerá los criterios para la creación de universidades privadas en España. El borrador del mismo apunta a que se revocarán las autorizaciones otorgadas a las universidades que no cumplan con una masa crítica de 4.500 alumnos en los cinco primeros años de ejercicio o no destinen un 5 % de su presupuesto total a programas de investigación, entre otros aspectos.

Sin embargo, hay dos universidades públicas que tampoco cumplen los requisitos exigidos por el Ejecutivo. Como publica "El Debate", "según los últimos datos, relativos al curso 2022-2023, la Universidad de Cartagena (con 4.395 alumnos) y la Universidad de La Rioja (con 3.582) no alcanzan el nivel de alumnado mínimo que ahora el Gobierno exige a las universidades privadas". De este modo, ambos centros públicos se encontrarían en la "lista" negra según lo establecido en el borrador, del que se ha ido conociendo la letra pequeña según avanzaba la semana.

Cuando Pedro Sánchez, presentó el lunes su reforma de tramitación urgente sobre «el endurecimiento de los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios», argumentando que «una universidad no puede ser una máquina expendedora de títulos sin garantías», omitió mencionar la letra pequeña de la polémica medida. Según el borrador del decreto el cerco del Gobierno a las universidades va más allá. No se refiere solo a las nuevas exigencias para los nuevos centros, sino que también dificultará la supervivencia de los ya existentes.

Además, tal y como publicó este diario el jueves, después de cinco años de actividad, el número de estudiantes de Grado (y dobles Grados) deberá representar como mínimo el 50% del total de estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de dicho centro. De igual modo, el número de estudiantes matriculados en títulos propios de formación permanente no podrá superar dos veces el número de alumnos matriculados en títulos oficiales en las nuevas universidades a los cinco años de iniciar su actividad.

De igual modo, para levantar nuevos centros serán vinculantes para la creación de un centro universitario los informes de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca), en el caso de una universidad de ámbito estatal, y de la agencia de evaluación autonómica en caso de ámbito regional. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitirá un segundo informe, que solo tendrá carácter preceptivo y será elevado para la emisión de una resolución de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), donde están presentes el Ministerio y las comunidades autónomas.

El borrador, que se encuentra en fase de consulta pública y recibirá las enmiendas correspondientes de la comunidad educativa, detalla también que se pedirá al promotor de una universidad «un aval bancario depositado en la Caja de Depósitos o un instrumento legal similar y detallar si detrás de la universidad hay un fondo de inversión español o extranjero, una multinacional o forma parte de un grupo de universidades ya existente». Entre los requisitos, la universidad deberá garantizar, en el tercer año de actividad académica, el alojamiento para estudiantes equivalente al 10% de las plazas de enseñanzas de grado, y lo podrá hacer a través de convenios con fundaciones y empresas.

Entre el resto de exigencias más relevantes también se incluye la obligatoriedad de contar con un 50% de doctores y doctoras en la totalidad de la plantilla docente, y que el profesorado con contrato laboral temporal (asociados, visitantes, colaboradores, entre otras figuras) no podrá superar el 8% del total del personal docente e investigador. Además, las universidades con sede en España y con más del 80% de su docencia virtual deberán garantizar que al menos el 75% del personal resida en este país. Y, si la oferta universitaria es mayoritariamente virtual, se deberá especificar para cada título oficial cómo se llevarán a cabo las clases (grabadas o en directo), las evaluaciones y las tecnologías utilizadas.

Sobre cuándo se podrían implementar estas reformas, aún queda por determinar, pese al carácter urgente que el Gobierno ha dado al texto.