La energía nuclear va camino del cementerio

En materia de energía nuclear, España va contra corriente. Pocas semanas después de que la última cumbre del clima (COP28) diera luz verde a la inclusión de las centrales atómicas en el mix de alternativas para luchar contra el cambio climático y que más de 20 países (entre ellos Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Países Bajos o Canadá) acordarán triplicar la potencia nuclear global hasta 2050, el Gobierno de Pedro Sánchez y Teresa Ribera ha presentado el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (7PGRR), que supone el principio del fin definitivo de esta energía en nuestro país. 

El proyecto tiene tres pilares: se activa el cierre de las centrales atómicas en 2035 (más tarde de lo prometido por anteriores gobiernos socialistas), se descarta definitivamente la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para tratar los residuos atómicos (que se lleva prometiendo desde el ejecutivo de Zapatero) y se insta a gastar 20.200 millones de euros extra en la transición a energías renovables (que pagarán las empresas titulares de centrales nucleares o, lo que es lo mismo, los usuarios en la factura de la luz).

En realidad, el plan ahora presentado es una patada hacia delante que dilata, una vez más, la toma definitiva de decisiones. El plan anterior (el sexto, firmado nada menos que en 2006 y que nunca se ha llegado a poner en marcha) asumía el cierre de las instalaciones en 2028 y contemplaba como solución para la gestión de los residuos nucleares la construcción de un único ATC que tenía ya fijada como asentamiento Villar de Cañas (Cuenca). 

El nuevo, retrasa 7 años el cierre de actividades, elimina el proyecto de ATC e insta a activar una nueva solución para los residuos: la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) , uno por cada central nuclear existente, donde guardar los residuos de alta actividad hasta que se decida reemplazarlos en un único «cementerio nuclear», el llamado Almacén Geológico Profundo, que no se prevé que pueda estar operativo hasta 2073. Es decir, se dilata 50 años la toma definitiva de una decisión.

Basura atómica sin resolver

Organizaciones como Ecologistas en Acción ya han puesto el grito en el cielo ante esta dilación que supone posponer medio siglo la solución al problema de los residuos (que seguirán vagando en medio del papeleo administrativo y la refriega política entre CC AA y Estado central). Hay que recordar que países como Suecia y Finlandia ya tienen casi operativos sus respectivos almacenes de residuos. Pero ¿dónde está el origen del problema? ¿por qué España sigue sin resolver la gestión de su basura atómica desde que el gobierno de Felipe González decidiera implantar la moratoria nuclear en 1983?

Las centrales nucleares generan fundamentalmente dos tipos de residuos.Según informes de ENRESA (la empresa pública encargada de la gestión de estos restos) el 95% de ellos son llamados Residuos de Baja y Media Intensidad. Son materiales que no generan calor, que proceden de elementos como filtros, lodos o resinas usados en las centrales y que reducen su actividad a la mitad en menos de 30 años. El mayor problema reside en el 5% restante de residuos, que son, fundamentalmente, los restos del combustible gastado en las centrales nucleares y los futuros componentes procedentes del desmantelamiento de las mismas, que emiten calor y radiación a largo plazo y cuyos periodos de desintegración son mucho más largos.

Condenados acumular

España se decantó por un modelo nuclear de ciclo abierto en el que, en lugar de reutilizar parte de los residuos en la generación de nueva energía, se optó por almacenarlos hasta el fin de su vida útil. Es decir, estamos condenados a acumular ingentes cantidades de restos de alta actividad en lugares suficientemente seguros durante décadas. Para ello existen varias alternativas. Las barras de combustible radiactivo gastadas se pueden acumular en piscinas dentro de las propias centrales donde se mantienen a buen recaudo sin riesgos para el medio ambiente.Pero las piscinas tienen un espacio limitado.

De hecho, el problema de la gestión de residuos no es más que un problema de espacio: la ciencia hace décadas que sabe cómo almacenarlos sin riesgo, pero es necesario tener un lugar adecuado para hacerlo.Antes de llegar a la saturación de las piscinas se pueden construir almacenes temporales individuales cerca de las instalaciones energéticas, los llamados ATI. Pero esta solución tampoco es definitiva. Se requiere la construcción de ATCs donde enviar los residuos de todas las centrales hasta la construcción (ahora prevista para 2073) de un Almacén Geológico Profundo definitivo. Y aquí es donde ha entrado en juego la refriega política.

El gobierno de Zapatero activó en 2004 el plan de construcción de un ATC en España. Tras años de lucha entre comunidades autónomas para designar un emplazamiento y de dilación injustificada de los ministros socialistas, el ejecutivo de Rajoy decidió construirlo en Villar de Cañas. En aquel entonces, Castilla-La Mancha estaba presidida por una María Dolores de Cospedal que en principio se mostró (al menos en público) contraria a albergar el edificio es su territorio, y que contó con la oposición férrea de los socialistas manchegos. Los sucesivos ministerios populares tampoco terminaron de cerrar el proyecto que llegó a manos del ejecutivo de Sánchez y sufrió otra tanda de dilaciones.

110 millones "en alquiler" a Francia

Ahora, el 7PGRR firmado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, vuelve a dar un giro de timón. Propone un sobrecoste para todo el proceso de más de 20.000 millones de euros que correrá a cargo de las empresas titulares de centrales energéticas, sin contar la multa que desde 2017 pagamos a Francia para que empresas galas se hagan cargo de los residuos que ya no caben en España, y que asciende a 80.000 euros diarios. 

El total de la fianza pagada al vecino ya excede los 110 millones de euros, parte de los cuales se supone que recuperarán las empresas españolas cuando podamos volver a albergar la basura nuclear, solución que ahora el gobierno Sánchez ha vuelto a dilatar. En definitiva, seguimos sin poner el cascabel al gato de los residuos. El plan del gobierno tiene como consecuencia más directa el aumento de los costes operativos de la energía nuclear y la gestión de sus desechos, es decir, ahonda en la falta de competitividad de nuestras centrales dentro del plan trazado de desmantelamiento, contrario a la tendencia mayoritaria en los países de nuestro entorno. La guerra antinuclear del ejecutivo socialista se cobra una victoria mientras el mundo apuesta por un futuro donde convivan energías alternativas y atómicas y los residuos españoles siguen sin encontrar su hogar seguro definitivo.