España, a la cola en la cifra de profesionales de salud mental por cada 100.000 habitantes

Los informes oficiales son claros: en 2020, la disponibilidad de profesionales de la salud especializados en salud mental (por ejemplo, psiquiatras, neuropsiquiatras infantiles, psicólogos, enfermeros) era de 30 por cada 100.000 habitantes en España (frente a los 50 de la media europea), situándose en penúltima posición.

Según datos del propio Ministerio de Sanidad, en 2022, el 34% de la población general española padecía algún problema de salud mental (el 40% en la población de mayor de 50 años, y el 50% en los mayores de 85), siendo los más prevalentes los trastornos de ansiedad (que afectan a 10 de cada 100 personas, 3 de ellas menores de 25 años), los de sueño y los depresivos.

En este contexto, las cifras evidencian un déficit de recursos humanos destinados a salud mental, teniendo en cuenta el incremento en la prevalencia de estos trastornos en la población española. De hecho, la brecha de tratamiento (es decir, la diferencia entre la prevalencia de una enfermedad y la proporción de personas afectadas que reciben un tratamiento) se estima en un 45% para la depresión mayor, un 40% para el trastorno bipolar y del 18% para la esquizofrenia a nivel europeo.

Estos son algunos de los datos de contexto del primer informe del Comité de Expertos para la Salud Mental "Juntos por una mejor salud mental. Propuestas para una mejor atención y un uso adecuado de los psicofármacos en España" impulsado por Farmaindustria y presentado esta tarde.

"Necesitamos un modelo de toma de decisiones basado en datos objetivos, no sesgados, interesados e ideologizados; datos reales de prevalencia de trastornos mentales de personas que realmente no están recibiendo el tratamiento que deberían, de listas de espera o de uso no racional de tratamientos para personas con trastorno mental, sean farmacológicos o no farmacológicos", ha destacado Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental y jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y coordinador del Comité.

La salud mental ha entrado con fuerza en el debate público desde hace unos años, pero tanto el Ministerio de Sanidad de Mónica García como el Comisionado de Salud Mental han desestimado centrarse en las carencias evidentes del Sistema Nacional de Salud (SNS) para dar respuesta a las demandas de la población –recursos humanos y económicos claramente insuficientes– optando por derivarlo a problemas que encajan más en su ideología,como el aumento del consumo de psicofármacos.

España está entre los países de Europa donde más ha crecido el consumo de antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. En concreto, el de antidepresivos aumentó un 18% a nivel comunitario entre 2019 y 2022, siendo España el tercer país con mayor consumo. Según datos de la OCDE, en 2022 se consumieron en nuestro país 98,4 dosis diarias de antidepresivos por cada 1.000 habitantes, y la media en la UE fue de 70,3. Sin embargo, en la actualidad no existen datos oficiales sobre la calidad del uso de los psicofármacos en España.

Herramientas fundamentales

"Los psicofármacos son herramientas fundamentales en los trastornos mentales, su valor está avalado por la evidencia científica, pero para que puedan aportar todo su valor sanitario y social es necesario hacer un buen uso, y sabemos que el contexto actual plantea retos", ha señalado Arantxa Sancho, directora del departamento de asuntos médico-científicos de Farmaindustria.

"Tenemos que sensibilizar sobre los trastornos mentales de una forma rigurosa y precisa, que no sea estigmatizante y que no ponga la culpa en el derecho de los pacientes a recibir un tratamiento para ello, como si los tratamientos que reciben, basados en evidencia científica y aprobados por agencias reguladoras, como los psicofármacos o las psicoterapias, fueran distintos de otros tratamientos que se dan en otras patologías, lo cual acaba haciendo mucho daño a las personas con trastorno mental".

A través de distintas sesiones de trabajo y del diálogo con agentes sociales, el informe hace un diagnóstico riguroso de la situación y de los componentes sociales, y recoge una veintena de propuestas para mejorar el abordaje integral de la atención y el uso de los psicofármacos en España.

Dichas propuestas se sintetizan en un decálogo en el que se incluyen medidas como garantizar ratios adecuados de especialistas y que los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos estén disponibles para todos, ampliar la investigación en salud mental, mejorar los sistemas de información y seguimiento, fomentar la coordinación asistencial, desarrollar guías clínicas nacionales o mejorar la formación de los profesionales.