Golpe a los okupas: cortar la luz o el agua dejará de ser delito de coacciones en España

Los okupas complican la vida de los propietarios tras su paso por las viviendas. El infierno no solo se extiende para ellos durante el proceso de desahucio en el que no pueden disfrutar de su inmueble sino que cuando llega el momento de recuperarla, las condiciones son pésimas en muchas ocasiones. Algunos entran mediante la vía tradicional, pero cada vez está más en auge la inquiokupación, que provoca procesos más largos y costosos, pero la consecuencia es la misma: casas llenas de basura y en condiciones deplorables.

Kathy, que mostró a LA RAZÓN como estaba su vivienda al recuperarla, simplemente alucinaba: "Lo que he pisado no era un hogar, era una escena de guerra". A nivel local, algunos alcaldes como García Albiol llevan algún tiempo promoviendo medidas contra este colectivo, pero esta semana se dio un paso más a nivel nacional y el Senado aprobó una medida propuesta por el PP para reformar el Código Penal y despenalizar el corte de los suministros a los okupas.

Así es la medida que ha aprobado el Senado contra los okupas

La medida consiste en que los propietarios de los inmuebles okupados puedan interrumpir el corte de suministros básicos a los inquilinos ilegales, sin que los primeros se enfrenten a un posible delito de coacciones, algo en lo que se amparaban los okupas hasta el momento para evitar el corte. De aprobarse la proposición, lo podrían hacer sin enfrentarse a consecuencias penales y así evitar que los okupas puedan disfrutar de todo tipo de servicios de manera gratuita mientras que los propietarios pagan por algo que no pueden disfrutar.

En el escrito que se votó en la Cámara Alta, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el PP justifican dicha medida dado el aumento de casos de usurpación y allanamiento de morada del año 2024 con respecto a 2023, que creció en un 7,4% (de 15.289 casos en 2023 a 16.400 casos en 2024). También aparece el siguiente texto: "La interrupción de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones".

Si esta medida entra en vigor los propietarios podrán cortar el agua o la luz sin ningún temor, a diferencia de lo que sucede en la actualidad. Actualmente, es un delito de coacciones que viene recogido en el artículo 172 del Código Penal con una posible pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses. Cualquier propietario que corte hoy en día los suministros básicos se puede enfrentar a esto en toda España, a excepción de una zona.

Cortarle el agua, el gas o la electricidad a un okupa ya no es delito en Barcelona

Los jueces de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona, en un acuerdo de unificación de criterios, acordaron en un escrito del mes de marzo que si el propietario de una finca ocupada decide no mantener "el alta de los suministros o el abono de los mismos" este hecho no será considerado un delito de coacciones. Los populares se amparan en ese escrito para modificar el artículo 172 del Código Penal.

El acuerdo en Barcelona también ordena que en caso de denuncias por delito leve de usurpación contra personas cuya identidad resulte desconocida se practiquen diligencias por parte de los cuerpos policiales para proceder a su identificación en busca de acelerar los procesos.

¿Cuándo entra en vigor esta ley?

Esta proposición de ley todavía no está garantizada que entre en vigor. Se ha dado el primer paso al ser aprobada en el Senado, pero ahora se tiene que hacer lo mismo en el Congreso de los Diputados, donde se antoja más complicado puesto que el PP ahí no tiene la mayoría absoluta que ostenta en el Senado. Sin embargo, sí tiene opciones de salir adelante ya que en la votación en el Senado el PNV ha votado a favor y Junts se ha abstenido. Si los socios del Gobierno mantienen esta postura, esta ley se convertiría en una realidad y la batalla contra los okupas cambiaría radicalmente.