Hay que eliminar la cláusula de vulnerabilidad okupa

Esta semana he entrevistado a Jennifer, que comparte con seis parientes un piso de dos habitaciones... y es propietaria de un piso “okupado” en Alicante. Padece asma y en el mínimo inmueble donde malvive respiran sus padres, su hermana y su cuñado, el abuelo y una tía. ¿Cómo es posible? ¿Es justo que una persona que ha pagado una vivienda tenga que padecer hacinamiento porque “su okupa” alega “vulnerabilidad social”? La vulnerabilidad no puede ser una excusa desmesurada.

La pandemia provocó una situación extrema, es cierto, donde la mujer sola con hijos o la persona sin trabajo no debía ser expulsada a la calle, paralizada económicamente por el virus. Pero eso se acabó. Ahora es preciso que la vulnerabilidad sea afrontada con recursos públicos, no con el patrimonio de los ciudadanos, a veces tan vulnerables o más que sus propios inquiokupas.

Me dice Paco Bueno, abogado especializado en propiedad, que el problema no es solo la sucesiva renovación de las leyes de pandemia (ya muy cuestionable) sino la falta de medios de juzgados y servicios sociales. La verificación de la supuesta precariedad tarda a veces años y el “verdadero atasco no está en los lanzamientos sino en los trámites previos: informes de los trabajadores sociales y procedimientos judiciales”.

Las páginas de venta de inmuebles reflejan un fenómeno creciente de oferta de casas con okupa dentro. Según el Idealista, son ya el 3 por 100, 23.000 viviendas. En Sevilla, el 8,4 por 100; en Gerona, el 9 por 100. Los compradores no pueden visitarlos y deben lidiar con estos habitantes fraudulentos que, amparados por el Real Decreto-Ley 1/2025 pueden retrasar su desalojo alegando vulnerabilidad social. Es verdad que la oferta de venta es tentadora, generalmente a la mitad de precio, pero la espera y el calvario están asegurados.

Hay una desprotección flagrante de los propietarios españoles, que perciben que el sistema los sanciona frente a los delincuentes. Éstos se hacen fuertes y andan envalentonados. En ocasiones, una vez desalojados, regresan y cambian de nuevo las cerraduras, amparados por su propia necesidad. No tiene sentido seguir prorrogando los secretos de la pandemia. Ahí está el caso de Sergio, que vive en Polonia y compró un piso en subasta en España sin saber que estaba okupado. Quería poder pasar las vacaciones en su país. Tras meses de gestiones legales, echó a la mujer que vivía en el piso y adoptó medidas de seguridad en el inmueble. Bastante caras, por cierto. La antigua propietaria, a la que el banco embargó el inmueble, sigue intentando entrar. La pertinacia es el reflejo de la percepción social de un amparo desmedido al desahuciado.