Inaudito: colocan una señal de prohibición después de que un camión provocara seis muertos en una localidad marroquí fronteriza con Ceuta

Los últimos datos conocidos hoy indican que el accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Fnideq (Castillejos, fronteriza con Ceuta) en la mañana de ayer se saldó con la muerte de seis personas y heridas a otras seis de diversa gravedad, después de que un camión cargado con materiales de construcción chocara contra dos edificios en plena calle Mohammed V.

La tragedia se ha convertido en un asunto de opinión pública, sobre todo después de que circulara la imagen de una nueva señalización colocada para impedir el paso de camiones por el lugar donde se produjo el trágico accidente, inmediatamente después del desastre, informa Rue20.

Según los residentes de la ciudad, la zona está congestionada, no se puede circular a más de 20 km/h y la rotonda es de nueva construcción. Surgen grandes interrogantes sobre quién se apresuró a instalar la señal que prohíbe el paso de camiones pesados ​​y por qué no lo hizo antes del accidente.

Modificar las señales de tráfico o retirar la señal que prohíbe el paso de camiones de gran tamaño sin una decisión administrativa motivada es un acto ilegal y constituye una clara violación del principio de legalidad. Este error administrativo es especialmente grave cuando afecta a un eje urbano sensible que conduce a la calle Mohammed V a través del barrio de Al-Batio, donde la seguridad ciudadana está en juego.

Los datos indican que se celebró una reunión para analizar la situación, en la que se acordó restablecer las señales de tránsito para proteger vidas y garantizar la seguridad pública. Sin embargo, la decisión no se implementó, en clara violación del principio de ejecución obligatoria de las decisiones administrativas, lo que plantea serias dudas sobre las razones de la demora injustificada.

El problema más grave se refiere a la reinstalación de la señal de tráfico después del accidente, lo que puede entenderse jurídicamente como una alteración de los hechos del incidente, viola así el derecho de las víctimas a establecer la responsabilidad y contraviene el principio de integridad en la investigación y potencialmente constituyendo un acto delictivo