Religión

Las ex monjas de Belorado, «vulnerables» para Servicios Sociales

La trabajadora social del Centro de Acción Social de Briviesca considera que siete de las ocho monjas cismáticas del convento burgalés de Belorado se encuentran en esta situación. A la octava no ha podido evaluarla

(Izq-der) Las hermanas Sion, Israel y Miriam, del Obrador de Belorado, en Madrid Fusión 2020.
(Izq-der) Las hermanas Sion, Israel y Miriam, del Obrador de Belorado, en Madrid Fusión 2020.Agencia EFE

La trabajadora social del Centro de Acción Social de Briviesca considera que siete de las ocho monjas cismáticas del convento burgalés de Belorado se encuentran en una «situación de vulnerabilidad social y/o económica». Así lo ha certificado esta profesional dependiente de la Diputación de Burgos en un dictamen emitido a finales de enero a petición de la jueza que tramita la demanda de desahucio solicitada por el Arzobispado de Burgos.

Esta valoración sobre la situación en la que se encuentran las inquilinas del convento burgalés que decidieron romper con la Iglesia católica el pasado mes de mayo podría jugar a su favor a la hora de permanecer en las instalaciones. No obstante, el abogado de las religiosa excomulgadas, Florentino Aláez, se muestra prudente: «La ley establece varías vías en caso de vulnerabilidad». «Veremos qué efecto tiene», apunta al ser preguntado por una posible suspensión del proceso. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca ya suspendió la vista oral prevista para abordar el caso al no haberse notificado la admisión a trámite de la demanda a todas las religiosas cismáticas, puesto que dos de ellas se encontraban en el monasterio de Orduña.

Según ha podido confirmar LA RAZÓN, la trabajadora social no ha podido elaborar expediente alguno sobre la octava religiosa porque rechazó someterse a la evaluación. Se trata de la abadesa defenestrada por Roma, sor Isabel de la Trinidad, de nombre civil Laura Gil de Biedma. De forma literal, el documento recoge que la líder del grupo cismático «deniega expresamente el consentimiento para la valoración y emisión del dictamen».

Ahora, con el certificado de vulnerabilidad por delante, las monjas han abierto una campaña online de firmas durante los próximos seis meses para pedir «una solución justa que las permita seguir viviendo en el convento».