Uno de cada cinco delitos de odio en España son por la orientación sexual de la víctima

Uno de cada cinco delitos de odio cometidos en España entre 2002 y 2021 (22,7 por ciento) tuvo como objetivo la orientación y la identidad sexual de las víctimas. Los cometidos por su origen racial o étnico alcanzaron el 18,8 por ciento; la ideología, el 15,3 por ciento y la nacionalidad, el 10,2 por ciento. Estos y otros datos figuran en el estudio “Análisis de casos y sentencias en materia de racismo, xenofobia, LGTBIfobia y otras formas de intolerancia 2018-2022” publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Por contra, los menos frecuentes son los actos discriminatorios motivados por la discapacidad de la víctima (6,3 %), su religión o creencias (2,8 %), el antisemitismo (2,3 %), el antigitanismo (1,7 %) y la aporofobia (0,6 %).

La distribución geográfica de los delitos de odio es desigual. Cataluña es la Comunidad Autónoma donde se registran con mayor frecuencia (42 % de los casos analizados). Le siguen Madrid (12,8 %), Castilla y León y Canarias (7 %), Comunidad Valenciana (6,4 %) y Andalucía (5,25 %). Por provincias, el mayor número de casos analizados se produjeron en Barcelona (38 %), Madrid (12,8 %), Santa Cruz de Tenerife (6,4 %), Valladolid (5,2 %), Tarragona y Valencia (4,1 %) y Navarra (2,9 %).

La vía pública urbana es el escenario más habitual de los delitos de odio (31,4 %), sobre todo los motivados por antigitanismo, religión, orientación sexual y nacionalidad. En segundo lugar, figuran el espacio virtual o las telecomunicaciones (teléfono, mensajes y redes sociales), con el 18,9 % de los casos, relacionados en mayor medida con el antisemitismo y con la ideología, nacionalidad y orientación sexual de la víctima.

Ocho de cada diez delitos de odio (79 % de los casos) se cometieron de forma presencial, mientras que el acometimiento virtual se sitúa en el 18 por ciento de los casos sometidos a estudio. Cuando el hecho se produce de forma presencial, la violencia psicológica es la más prevalente (70 %) a través de intimidaciones o amenazas. En el entorno virtual, el medio utilizado con más frecuencia son las redes sociales (16,4 %).

El perfil de los acusados y de las víctimas

La información sobre los acusados se ha obtenido a partir del análisis de 296 individuos que, en el 70 % de los casos, actúan de forma individual. El 86 % son hombres, frente a un 14 % de mujeres, y, casi la misma proporción, el 88 % son mayores de edad y el 12 %, menores.

Pese a que la edad exacta de los acusados no figura en la mayoría de las resoluciones analizadas (sí aparece el dato relativo a la mayoría o minoría de edad), el estudio puede concluir que oscila entre los 13 y los 77 años, siendo la media de 32,3 años y la edad más común, los 21 años.

El dato sobre la nacionalidad de los acusados figura sólo en la mitad de los hechos sometidos a estudio (48 %). Dentro de ese número, el 79,7 % tienen nacionalidad española.

En relación con aquellos casos recogidos en las sentencias de los que se han podido extraer datos sobre la pertenencia de los acusados a algún grupo o colectivo, el estudio señala que la mayoría se identifica con una ideología de extrema derecha (54,3 %). Le siguen los grupos extremistas religiosos (15,2 %), los grupos de extrema izquierda (13 %), los grupos proetarras (6,5 %) y los independentistas catalanes ultras (4,3 %).

Las víctimas

El 67,4 % de los casos estudiados afectan a una única víctima, mientras que en el 23,6 % existen dos. Seis de cada diez víctimas (64 %) son hombres y nueve de cada diez (89 %), mayores de edad, con una media de 30,7 años.

Al contrario de lo que sucede con los acusados, la mayor parte de las víctimas (83,3 %) son extranjeras y proceden principalmente de países de Latinoamérica (Ecuador, Venezuela y Colombia) y de países africanos (Marruecos y Senegal). El 16,7 % restante, son españolas.

El 68,7 % de las víctimas pertenece a un grupo específico. La categoría más representativa es la de las minorías étnicas, religiosas o los colectivos vulnerables, a la que pertenecen el 56,1 % de las víctimas; por detrás, el colectivo de extranjeros (33,8 %) y los grupos políticos (5 %).

Dentro de la primera categoría, el 64,1 por ciento de las víctimas pertenecen al colectivo LGTBIQ; la causa de la discriminación es el origen racial para el 16,7 por ciento; para un 12,8 % es la pertenencia a una etnia minoritaria (sobre todo la gitana) y para el 6,4 por ciento, la discapacidad.

Las condenas y absoluciones más numerosas

En el 65 % de los supuestos analizados, las sentencias -dictadas por audiencias provinciales (81 %), juzgados de lo penal (6,2 %), Tribunal Supremo (4,5 %), Audiencia Nacional (2,8 %) y juzgados de menores (0,6 por ciento)- contienen un fallo condenatorio. El tiempo de resolución (el transcurrido entre la fecha de los hechos y la de la resolución) se sitúa en una media de 1 a 3 años en el 71 % de los casos.

La motivación ideológica es la que concentra un mayor número de condenas (el 18,4 %), mientras que las absoluciones más frecuentes tienen que ver con hechos discriminatorios por orientación e identidad sexual de la víctima (26,2 %) y pertenencia a una raza o etnia (23,8 %).

Los delitos más frecuentes contemplados son los de incitación al odio, la violencia o la discriminación del art. 510 del Código Penal (lo que se denomina discurso del odio), que representan el 62 % del total. Les siguen los delitos de lesiones de los arts. 147 y 148, con un 10,6 % y los de trato degradante del art. 173.1, con un 10,2 por ciento.

Entre los delitos de odio propiamente dichos (es decir, sin contar con los de discurso del odio y la circunstancia agravante), los más frecuentes son los cometidos contra la integridad moral de la víctima, que representan el 44,4 por ciento. En estos delitos, siete de cada diez acusados (69,7 %) son menores de edad. Los acusados mayores de edad prevalecen en los delitos de discurso del odio, con un 62,8 por ciento.

En un tercio de los asuntos analizados (33,3 %), el órgano judicial impuso penas de prisión, siendo esta medida la más frecuente, con una duración media de 1 año, 1 mes y 4 días. El segundo lugar lo ocupan las penas de multa (23 %) y la de inhabilitación para el sufragio pasivo (20,3 %). En menor medida, se impusieron penas de inhabilitación especial (12,5 % de los casos) y de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima o los perjudicados (7,7 %), entre otras.