Los sanitarios presionan por un Estatuto justo

El sector sanitario sigue en pie de guerra presionando a la ministra Mónica García para que atienda las necesidades de los profesionales de cara a la redacción del Estatuto Marco. Hoy, desde el sindicato de enfermería Satse, exigieron a la titular de Sanidad que el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud incluya la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el conjunto del Estado, ya que, recuerdan, aún está pendiente en cinco autonomías, además de Ceuta y Melilla.

«Fue en 2012 cuando el Gobierno impuso la jornada de 37,5 horas semanales, pero ya en 2018 posibilitó que las comunidades autónomas volvieran a recuperar las 35 horas. Algo que, de manera progresiva, fueron haciendo todas las autonomías, con la excepción aún de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia (Atención Primaria), Madrid y Navarra, además de Ceuta y Melilla», recordó el sindicato a través de un comunicado. Es más, subrayan que «la jornada laboral que todavía sufren los profesionales de los servicios de salud de cinco comunidades autónomas es injusta y discriminatoria».

Tambien inciden en que este recorte laboral no tiene ningún sentido ya que «se estableció con el pretexto de la fuerte crisis económica que sufría nuestro país en 2012, pero hace años que acabó para iniciarse, según el Gobierno, una senda de recuperación que ha colocado a España a la cabeza de Europa en crecimiento económico».

Pero este es tan solo uno de los frentes abiertos que tiene García en relación a la elaboración del polémico Estatuto Marco. Otro es el que reclaman los sindicatos de médicos y facultativos gallegos en relación a la creación de una regulación propia para estos profesionales del sector sanitario. Para conseguirlo, han decidido convocar una huelga para el próximo 3 de octubre. Se trata, según recoge Ep, de una convocatoria promovida por el Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) y el Sindicato Omega de Facultativos de Galicia Independientes y cuyo llamamiento atiende a la actual negociación del Estatuto Marco en la que se consideran «infrarrepresentados» respecto de otros profesionales sanitarios.

«Ahora se trata de dar un paso más, ya que las negociaciones que hemos tenido con el Ministerio y el Servizo Galego de Saúde (Sergas) han sido infructuosas y no nos dan contestación», explicó el secretario general de Simega, Enrique Marra. De esta forma, durante los próximos 20 días previos a la convocatoria de huelga, procederán a reunirse en asambleas con sus compañeros para abordar la situación.

Su principal reivindicación es la creación de un convenio franja específico de médicos y facultativos del Sergas, que regule las condiciones laborales y derechos específicos de este grupo profesional, para su encaje en el Estatuto Marco que prepara el Gobierno de España.

Entre las demandas que piden atender, destacan la limitación de agendas de Atención Primaria a un máximo de 30 actos diarios por médico, la desaparición de carga burocrática en ambulatorios y el establecimiento efectivo de la jornada de 25 horas. Entre sus reivindicaciones, Simega y Omega insisten en la aplicación efectiva de la jornada de 35 horas y el establecimiento de mecanismos para la recuperación de los sábados festivos. Asimismo, urgen cambios en las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, en las que piden encajar los Puntos de Atención Continuada (PAC).

Y en medio de esta situación, desde Satse también aprovecharon que se celebraba el Día Mundial de la Fisioterapia para denunciar el «intrusismo laboral» que afecta a los fisioterapeutas ante la proliferación desde hace unos años de «pseudoprofesionales» que pueden llegar a poner en riesgo la salud de las personas.

Desde el sindicato exigen a las administraciones autonómicas y locales que refuercen y mejoren las actuaciones de control y sanción pertinentes y que sean «especialmente cuidadosas y vigilantes» en los procesos de autorización, inspección y control en todos aquellos centros o instalaciones que ofrecen servicios de Fisioterapia.

Satse subraya que solo los más de 71.000 fisioterapeutas colegiados en nuestro país son los que pueden realizar determinadas actuaciones, técnicas y tratamientos en favor de la salud de las personas, ya que, en caso de que los hagan unas «manos equivocadas», las consecuencias pueden ser muy perjudiciales.