El despacho ligado a Montoro se valió de un entramado para "tapar" el destino de las comisiones, según el juez

La Agencia Tributaria detectó que Equipo Económico, el despacho vinculado a Cristóbal Montoro, se valió de un "entramado societario" para ocultar el destino final de los fondos que percibió de las empresas que pagaron a cambio de modificaciones de legislativas. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona que investiga estos hechos, Rubén Rus, constató "elevadas salidas de dinero" desde las cuentas de este despacho hacia sus socios y otras mercantiles administradas por estos mismos para desviar las ganancias obtenidas.

Según consta en el sumario, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se valieron de una maraña de empresas con las que taparon el destino final de los fondos percibidos. El procedimiento, que arrancó en 2018 a raíz de la incautación de unos correos electrónicos, ha terminado por salpicar al exministro de Hacienda y gran parte de su equipo en este departamento, que habría elaborado leyes "a demanda" a cambio de importantes comisiones. La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra -que han comandado estas pesquisas de manera conjunta- identificaron como principales beneficiarios de la trama a una serie de empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

Tras el levantamiento del secreto de sumario se ha podido saber que el instructor les imputó en 2021, aunque su citación formal se ha conocido cuatro años después. El juez les atribuye delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. La complejidad de las pesquisas hizo que Rus recurriera a la Agencia Tributaria la cual, en un informe fechado el 5 de junio de 2019, determinó las operaciones presuntamente irregulares de los investigados y el desvío de dinero a través de empresas fantasma.

"Hacienda y otros Ministerios"

La Fiscalía Anticorrupción advirtió que la sociedad Equipo Económico -de la que Montoro asegura que no tiene ningún vínculo- fue utilizada tanto por sus socios como por terceros para beneficiarse de una dinámica que salpica a Hacienda y a "otros ministerios". "La sociedad Equipo Económico ha venido siendo utilizada por sus socios así como por otras personas cono instrumento que pone en marcha desde el Ministerio de Hacienda o desde otros Ministerios la maquinaria legislativa para introducir en nuestro ordenamiento jurídico reformas legislativas que favorecerían a empresarios dispuestos a pagar por ello", expuso Anticorrupción ya en 2019.

Los correos intervenidos a los imputados pondrían de manifiesto que las mercantiles del sector gasístico antes mencionadas concertaron con Equipo Económico que se tramitase un nuevo proyecto de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, sobre fiscalidad medioambiental, dado que la norma original no les incluía entre los beneficiarios de la bonificación fiscal introducida. En consecuencia, los empresarios forzaron la redacción de un nuevo proyecto, que vio la luz el 6 de agosto de 2014. Al respecto, los investigadores destacan la "coincidencia temporal" entre el dictado de estas nuevas leyes con las que beneficiaron a empresas del sector eléctrico y energías renovables, con los pagos que canalizó el despacho en cuestión.

Cabe recordar que el juez mantiene imputadas a una treintena de personas, de entre las que se encuentran personas muy cercanas a Montoro en Hacienda. Destaca, por ejemplo, el que fuera secretario de Estado de dicho departamento, Miguel Ferré; la subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos Pilar Platero; el exsubsecretario de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez; los exdirectores generales de Tributos, Diego Martín-Abril Calvo y su sustituto Alberto García Valero; o el asesor del exministro Rogelio Menéndez.

El juez, que ahora procederá a interrogarles tras levantar el secreto de sumario, sostiene que el exministro "ejerció las más altas funciones y competencias decisivas" en los años que se tramitaron estos cambios legales y que utilizó sus potestades dentro del Ministerio de Hacienda para beneficiar a su despacho "en menoscabo del sector público".

Correos incautados: "La reforma ya en marcha"

Como consecuencia de las entradas y registros acordados durante la instrucción, los agentes se incautaron de una gran cantidad de correos electrónicos que, a juicio de la Fiscalía, evidenciarían las modificaciones legales para beneficiar a estos empresarios. Así consta un "mail" con fecha 4 de julio de 2014 que Carlos Romero, secretario de AFGIM, envió a otros compañeros del sector eléctrico. En el mismo informó de que la reforma tributaria para modificar la Ley de Impuestos Especiales ya estaba "en marcha" y que se iban a promover las rebajas en los impuestos presuntamente acordadas previamente con Hacienda para "impulsar las actividades industriales". "En línea con ello se van a seguir manteniendo contactos con el Ministerio de Hacienda para comentar las cuestiones que se han de tener en cuenta de cara a los desarrollos reglamentarios", trasladó al resto de beneficiados.

Con todo, la UCO también atribuye a Montoro el rastreo de la situación fiscal de compañeros de partido como la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Precisamente, este último advirtió en su escrito de defensa presentado en la causa en la que se sentará en el banquillo por su fortuna, que Montoro estuvo detrás del episodio de la entrada y registro de su vivienda en Madrid hace ahora una década y que la medida (que no incluyó su detención, aunque así lo pareciera), no tuvo fundamento jurídico "sino político".