Biden apuesta en grande a una reforma sobre inmigración

(AP). Como arranque de su presidencia, pocos esperaban que Joe Biden fuera tan lejos en materia de inmigración.

Una andanada de órdenes ejecutivas emitidas el miércoles revierten muchas de las iniciativas de su predecesor Donald Trump. Por ejemplo: ordenan parar los trabajos del muro fronterizo con México, levantan las restricciones a la llegada de personas de varios países musulmanes y revierten los planes para excluir del censo de 2020 a quienes viven sin permiso en el país.

Seis de las 17 órdenes, memorandos y proclamas de Biden están relacionados con inmigración. Biden también ordenó que se tomen medidas para preservar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), el cual ha protegido de la deportación a cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños desde que fue establecido en 2012. Además, Biden amplió hasta junio de 2020 el estatus legal temporal para los liberianos que huyeron de la guerra civil y del brote de ébola.

Pero eso es sólo el principio. La propuesta más ambiciosa del mandatario, develada el miércoles, es un proyecto de ley que concedería estatus legal y una ruta hacia la ciudadanía a cualquiera que haya estado en Estados Unidos antes del 1 de enero, unos 11 millones de personas, y reduciría el tiempo que los miembros de las familias deben esperar afuera del país para recibir tarjetas de residencia.

En conjunto, las propuestas de Biden suponen un vuelco radical tras cuatro años de implacables golpes a la inmigración, de los cuales uno de los notables fue la separación de miles de niños de sus padres en virtud de una política de “tolerancia cero” a los cruces fronterizos ilegales. El gobierno de Trump también adoptó centenares de medidas más para reforzar la actuación de la policía migratoria, limitar el derecho al asilo y reducir la inmigración legal.

Con este paquete de medidas, Biden disipa cualquier creencia de que sus políticas serían similares a las del expresidente Barack Obama, quien prometió un proyecto de ley integral en su primer año pero aguardó cinco años mientras acumulaba más de dos millones de deportaciones.

Ansiosos de evitar una oleada de migrantes, los colaboradores de Biden han dejado entrever que tomará tiempo revertir algunas de las políticas fronterizas de Trump, las cuales incluyen obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dijo que a partir del jueves dejaría de enviar a solicitantes de asilo a México para que esperen sus audiencias, pero que las personas ya regresadas deben permanecer de momento en el mismo sitio.

“Se requerirán meses para que esté totalmente montado y operando en términos de poder efectuar el tipo de procesamiento de asilo que queremos poder hacer”, dijo a la prensa Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Biden.

El gobierno ha guardado silencio sobre una moratoria de 100 días a las deportaciones que Biden prometió, aunque está revocando una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump que convertía en prioridad de deportación a cualquiera que estuviera sin permiso en Estados Unidos. Susan Rice, titular del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca, dijo que cualquier moratoria sería dispuesta por el DHS, no por el presidente.

A pesar de que algunas áreas aún están en deliberación, las medidas de Biden dejaron más que felices a los defensores de los inmigrantes. Greisa Martinez Rosas, directora ejecutiva del grupo activista United We Dream, describió la propuesta como “el proyecto de ley más progresista en la historia”.

“Lo logramos”, afirmó Martinez Rosas el miércoles en una teleconferencia con la prensa. “Logramos que este día fuese una realidad”.

Es incluso más sorprendente porque durante la campaña se hizo escasa mención a la inmigración, y el tema ha dividido a republicanos y demócratas, incluso dentro de sus propias filas. Acciones legislativas a este respecto fracasaron en 2007 y 2013.

Actitudes más favorables hacia la inmigración, especialmente entre los demócratas, podrían pesar en favor de Biden. De acuerdo con un sondeo de Gallup del año pasado, 34% de los consultados apoyaron una mayor inmigración, un incremento con respecto al 21% en 2016, y un nivel más alto que en cualquier momento desde que Gallup comenzó a hacer la pregunta en 1965.

Siete de cada 10 electores dijeron que preferían que se ofreciera a los inmigrantes que viven en el país de manera ilegal una oportunidad para que solicitaran el estatus legal, en comparación con 3 de cada 10 que consideraban que debían ser deportados a su país de origen, según AP VoteCast. El sondeo entre más de 110.000 electores en noviembre mostró que 9 de cada 10 de los que votaron por Biden apoyaban una ruta hacia el estatus legal en comparación con sólo la mitad de los que sufragaron por Trump.

De acuerdo con la iniciativa, la mayoría de las personas tendrían que esperar ocho años para conseguir la ciudadanía estadounidense, pero los beneficiarios del DACA, los que cuentan con estatus de protección temporal tras huir de países devastados por la guerra y los trabajadores agrícolas, esperarían tres años.

La iniciativa también ofrece asistencia para el desarrollo a América Central, reduce la carga de 1,2 millones de casos retrasados en las cortes de inmigración y otorga más visas a países a los que se les asignan pocas, así como a víctimas de delitos.

La propuesta permitiría que los miembros de familias que cumplen con los requisitos puedan aguardar en Estados Unidos la entrega de sus tarjetas de residencia al concederles estatus temporal en lo que se procesan sus peticiones, una población que Kerri Talbot, del grupo activista Immigration Hub, calcula en 4 millones.

A los hijos adultos solteros de ciudadanos estadounidenses que han estado esperando fuera del país durante más de seis años apenas les están llamando por su número este mes. Las esperas son incluso mayores para algunas nacionalidades. Los hijos casados de ciudadanos estadounidenses provenientes de México han estado aguardando fuera de Estados Unidos desde agosto de 1996.

El proyecto de ley enfrenta una enorme prueba en el Congreso. El senador demócrata Bob Menendez dijo el miércoles que encabezaría las gestiones en el Senado por lograr su aprobación. Los expertos subrayan que la amnistía que Ronald Reagan concedió en 1986 a casi 3 millones de inmigrantes estuvo precedida de grandes números de nuevas llegadas y dicen esperar más de lo mismo.

En una muestra de lo que está por venir, el senador republicano Tom Cotton señaló que la iniciativa equivale a tener “fronteras abiertas: amnistía total, ninguna consideración por la salud y seguridad de los estadounidenses, y cero aplicación de la ley”.

En realidad, la aplicación de la ley se ha incrementado exponencialmente desde mediados de la década de 1990 y continuará. La propuesta de Biden prevé la instalación de más tecnología en los cruces terrestres, aeropuertos y puertos marítimos, y autoriza al secretario de Seguridad Nacional a que considere otras medidas.

Biden advirtió la semana pasada a los defensores de los inmigrantes que no esperen una aprobación antes de 100 días, dijo Domingo García, de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, quien participó en una teleconferencia con el presidente.

“Hoy celebramos”, dijo el miércoles Carlos Guevara, del grupo activista migratorio UnidosUS. “Mañana nos arremangamos y nos ponemos a trabajar”.