Funcionarios impugnarán la contrata para agencias de colocación del Servicio Andaluz de Empleo

Romper lo fosilizado suele provocar reacciones. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) va a impugnar en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales regional la licitación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para «la contratación de agencias de colocación y la colaboración de las mismas en la realización de trabajos de inserción en el mercado laboral de personas desempleadas». La organización sindical argumenta para hacerlo que «ya hay funcionarios en el SAE», un «servicio de Intermediación e Inserción Laboral, con sus respectivos departamentos de Orientación y de Intermediación» en cada provincia; y que «muchas oficinas y centros de empleo cuentan con un área de intermediación». Apuntan, además, que en el temario de un cuerpo de funcionarios, el «A1.2028, de Ciencias Sociales y del Trabajo», se incluyen «de manera específica todas y cada una de las funciones que se pretenden privatizar».

El SAF aboga por que, «si hace falta más personal para la orientación laboral», la Administración acuda a las plazas desdotadas de las «Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y los ocupe «con personal interino». Plantean incluso otra alternativa: «Sacar a Oferta de Empleo Público (OEP) uno o dos puestos» por provincia del mencionado cuerpo para «no gastar del erario público más de 3 millones en un contrato con un plazo máximo de duración de 2 años». El sindicato no puede «admitir que el Gobierno actual, que en sus décadas en la oposición luchaba contra la reordenación y el ‘enchufismo’ en Empleo», ahora mantenga a ese personal «que entró por la puerta de servicio socialista» y agrande la denominada «Administración paralela» con «agencias privadas de colocación». Todo, añade, para la realización de tareas «atribuidas y reconocidas a su propio personal funcionario».

Desde el otro lado, la Consejería de Empleo de la que depende el SAE, mantienen que las actuaciones de las agencias son sumatorias y que el importe de la licitación es de 1,9 millones. «Se trata de un modelo de colaboración complementario y en ningún momento sustitutivo de la prestación de los servicios de intermediación por parte de los servicios públicos de empleo que se ha venido desarrollando en todas las comunidades excepto en Andalucía», defienden. Es más, como ya informó LA RAZÓN, la región perdió 78,5 millones estatales de 2015 a 2018 por no usarlos ni poderlos destinar a otro fin.