La Junta prevé la construcción de 4.000 viviendas en alquiler hasta 2024 y destinará 22 millones este año

La Junta de Andalucía ha encontrado el «camino» que quiere seguir en materia de vivienda para paliar el ascenso de los precios del alquiler y facilitar el acceso a ésta, en especial para los jóvenes. En el primer cuatrimestre de este año pondrá en marcha una nueva convocatoria de ayudas dotada con 22 millones para construir entre 900 y 1.000 viviendas en alquiler asequible. Ésta se sumará a la de 2019, cuando se destinaron a ese fin 19,8 millones para levantar 722 inmuebles en siete provincias, ya que Jaén no concurrió a la convocatoria, según detalló ayer la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo. Las primeras obras ya han comenzado gracias a la financiación de la Junta y del Plan estatal de vivienda 2018-2021. Se han hecho 23 propuestas de promotores, 22 públicos y uno privado.

El Ejecutivo autonómico estima que hasta 2024 se podrán financiar «unas 4.000 viviendas, a una media de 700 por año», y con una inversión anual de en torno a los 20 millones. Carazo sostuvo que «en Andalucía se defiende la libertad» y al equipo que lidera Juanma Moreno no le parece que sea aconsejable el anuncio que realizó hace unos días el ministro José Luis Ábalos en relación a que el Gobierno central legislará antes del verano para limitar los precios de los alquileres. «Entendemos que puede afectar de manera considerable al sector», avisó la consejera de Fomento, para añadir que ya se conocen los «resultados negativos en otras ciudades y países» donde se han tomado medidas en ese sentido como «París, Estocolmo o Berlín», ya que, a diferencia de lo que pueda parecer de inicio, «a medio y largo plazo se reduce el número de viviendas en régimen de alquiler de manera considerable», anotó la consejera andaluza.

Más de 240 millones en pagos pendientes de los gobiernos socialistas

De otro lado, Carazo informó al Consejo de Gobierno de que su departamento abonó en un año, en 2019, más de 240 millones en pagos pendientes de anteriores gobiernos autonómicos. Entre ellos se incluyen abonos por sentencias judiciales, acuerdos extrajudiciales, expropiaciones pendientes o liquidaciones de contratos que no se llegaron a poner en marcha. El mayor importe de la mencionada cantidad, cerca de 200 millones, está ligado a fallos judiciales más intereses de demora. De ese montante, destaca la sentencia por los sobrecostes de la Línea 1 del Metro de Sevilla, que supuso un bocado a las arcas públicas de 164,72.