La oficina antifraude de Andalucía echará a andar el próximo año

Hay iniciativas que se disuelven en el aire electoral y otras que avanzan con la esperanza para algunos en que se conviertan en herramientas para enfrentar mejor el futuro. Miembros de la Alianza contra la Corrupción, una asociación constituida por un grupo de denunciantes, ha mantenido esta semana una reunión con representantes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta para interesarse por el estado en el que se encuentra el anteproyecto de ley para crear en la comunidad una oficina antifraude. Se trata de una medida que Ciudadanos (Cs) incluyó en la pasada legislatura en el acuerdo que firmó con el PSOE-A para permitir la investidura de Susana Díaz, y que luego incrustó también en el pacto con el PP-A que posibilitó que el popular Juanma Moreno presida ahora el Gobierno autonómico y que el líder de la formación naranja en la región, Juan Marín, sea el «número dos». Se había barajado que la oficina empezara a funcionar a finales de este año, pero, según lo aseverado en el mencionado encuentro, no lo hará hasta 2021.

Fuentes de la Alianza aseguraron a LA RAZÓN que les trasladaron que aún hay pendientes tres informes: el del Gabinete Jurídico de la propia Junta –al que se le remitió el anteproyecto el pasado 15 de septiembre–, el del Consejo Económico y Social (CES) autonómico –que contará con 20 días hábiles para elaborar su trabajo– y el del Consejo Consultivo regional –que podrá gastar hasta un mes de tiempo en elaborar su aportación–. Fuentes de la consejería confirmaron este punto y que, sumando plazos, la previsión actual es que el anteproyecto llegue el próximo diciembre al Consejo de Gobierno. Luego resta el pertinente trámite parlamentario. Dependiendo de si el núcleo duro del Ejecutivo andaluz da el visto bueno al texto a principios o a finales de diciembre, llegará a la Cámara en el vigente periodo de sesiones o en el siguiente, que arrancará tras el parón navideño.

Los denunciantes apuntaron además a este diario que el anteproyecto «ha sufrido modificaciones» con respecto al que se publicó en el portal de transparencia, aunque «se mantendrá que el director de la oficina no dependerá del Consejo de Gobierno, sino del Parlamento, que será el que lo elija». Les ratificaron también que habrá procedimientos y canales diseñados «de una forma segura» para garantizar la «confidencialidad de la identidad de las personas denunciantes». En relación a éstas cabe destacar que se pretende armar su derecho a no sufrir represalias y a solicitar la reparación de los perjuicios injustificados sufridos a causa de sus avisos como los gastos jurídicos o los derivados de la asistencia psicológica que pudieran necesitar a causa de trastornos derivados de sus denuncias.

En el caso de que los alertadores de corrupción sean funcionarios, podrán contar con la posibilidad de pedir «la concesión de un traslado provisional a otro puesto de trabajo del mismo nivel que el que ocupaban anteriormente, situado en la misma localidad, o en alguna limítrofe, y siempre que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño», según anotan desde la consejería.

La secretaria de Regeneración, Racionalización y Transparencia, Nuria Gómez, quiso dejar claro el «firme compromiso» de este departamento con la puesta en marcha de la oficina antifraude «lo antes posible». Dar pasos en falso no es una opción.