El tribunal de Acyco extinguirá la “responsabilidad penal” de Guerrero tras su fallecimiento

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha reanudado este lunes el juicio comenzado el pasado 9 de septiembre sobre las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y las ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad.

El juicio, promovido contra doce personas entre las que figuran varios ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, ha sido reanudado con el tribunal tomando “conocimiento del fallecimiento” reciente del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, acusado en este procedimiento, víctima de una neumonía ajena al coronavirus Covid-19.

Su abogado defensor ha señalado este “notorio fallecimiento”, solicitando así la “extinción de las posibles responsabilidades penales” del difunto y explicando que el certificado de defunción de Guerrero aún no ha sido expedido pero que previsiblemente, estará listo en unos días. Ante ello, el presidente del tribunal ha manifestado que una vez formalizado dicho certificado de defunción, será declarada la “extinción de la responsabilidad penal” de Guerrero, permitiendo al abogado defensor abandonar la sesión.

El resto de ex altos cargos de la Administración andaluza acusados en esta pieza separada de los ERE son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá; los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.

Del lado de la empresa, el que fuera su director de Recursos Humanos, Gabriel Barrero, ha manifestado que la “premisa” del ERE promovido en 2003 por Acyco era que la Junta pagaría las prejubilaciones “en condiciones muy favorables” de 35 empleados y que los mismos aceptaron “encantados” su salida de la entidad.

Barrero, quien ha optado por responder sólo a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado defensor, ha explicado al fiscal que en 2002, la entidad afrontaba una situación “no muy halagüeña” y, por aquel entonces, había contratado a la consultora Deloitte para esclarecer entre otros aspectos si era “necesario” promover un ERE en la plantilla, envejecida frente a unas instalaciones de perfil especialmente moderno, según ha dicho.

En ese contexto, según sus palabras, el abogado José Miguel Caballero, también acusado en la causa, le habría telefoneado en nombre de la firma Garrigues para plantearle directamente esa “posibilidad” de promover un ERE.

Al respecto, ha precisado que a su entender, el ERE partía de la “premisa” de que la Junta de Andalucía costeaba las prejubilaciones de las 35 personas afectadas, en “condiciones muy, muy favorables”. Tanto es así, según ha expuesto, que los 35 trabajadores aceptaron “encantados” su inclusión en el ERE, entre ellos Encarnación Poto, también acusada en esta causa por su papel como presidenta del consejo de Administración de Acyco.

Ha declarado que él no tuvo “nada que ver” con el plan social diseñado para el ERE, de cuya elaboración se encargó la firma Garrigues. De acuerdo a su relato, sólo tuvo un papel “testimonial” en el protocolo firmado posteriormente entre Poto y el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero sobre las pólizas de las prejubilaciones del ERE.

Ha aseverado que sólo acompañó a Poto a la firma del documento y horas después, cuando se percató de que en el mismo figuraban dos personas ajenas a Acyco y no estaba incluida Encarnación Poto, pese a haber sido prejubilada, alertó personalmente a la firma Garrigues de dicha “incidencia”.