Camino despejado para que la Guardia Civil acceda a 24.580 emails «no leídos» de 18 mandos y técnicos de Faffe

La palabra Faffe, en realidad siglas de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo que la Junta liquidó en 2011, alzó el vuelo mediático cuando se ligó a pagos en clubs de alterne de la comunidad. Su gestión ya forma parte de la coreografía judicial en la que se han dado nuevos pasos. El juez José Ignacio Vilaplana ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «el acceso y análisis de los aproximadamente 24.576 correos electrónicos y comunicaciones «en estado ‘no leído’» pertenecientes a 18 mandos y técnicos de la ex entidad, a extraer de un disco duro que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) facilitó al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, tras solicitarlo los investigadores.

Al movimiento se opuso la defensa del ex director de la antigua fundación, Fernando Villén, pero, en un auto fechado el pasado 16 de diciembre al que ha accedido LA RAZÓN, el magistrado expone que la intención de la UCO de abordar ese material «resulta una medida idónea para obtener elementos para la comprobación de los delitos por los que se siguen las presentes actuaciones» –prevaricación administrativa y malversación–, si se tiene en cuenta que «la propia índole de los mismos implica la utilización de ordenadores y dispositivos de almacenamiento de datos, comunicaciones a través de correos que habrían podido mantener los investigados entre sí y con terceros».

Las actuaciones policiales llevadas a cabo por el momento permiten al instructor afirmar que existen indicios de que la Faffe «habría llevado a cabo licitaciones y adjudicaciones de contratos al margen de la disciplina y de la legalidad administrativa y financiera aplicable», al menos en los ejercicios de 2008, 2009 y 2010, hasta alcanzar «la cuantía de 9.465.332 euros», repartidos entre distintas empresas. A ello se suman, entre otras cuestiones, «serios indicios de la irregular contratación de personal» por parte de la antigua fundación, «sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales», de «al menos 84» supuestos «enchufados».

«Resulta plausible entender que para la perpetración de los hechos delictivos», entre «los responsables de la Faffe y de las empresas intervinientes y adjudicatarias en los procesos de contratación tendría que haber existido una comunicación fluida», argumenta el juez, con el fin de «preparar y organizar las operaciones ilícitas» que se desmenuzan, ya que «la experiencia en la investigación e instrucción jurisdiccional» de causas de fraude y corrupción administrativa de su juzgado, «así lo pone de manifiesto», asevera Vilaplana. Para el instructor, el visionado de los mensajes digitales es además «necesario», en cuanto que «no hay otra manera» de atacar la información contenida en los emails y resulta una medida «proporcionada» por «la gravedad de los hechos delictivos» y «la relevancia de los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales» vinculados al proceso, así como a «las penas con que el Código Penal castiga» esas conductas.

En otro auto, éste datado el día anterior, el 15, el juez atiene otras demandas de la UCOcentradas en los «enchufados», causa que se originó por una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). Acuerda la práctica de una hilera de diligencias. Para arrancar, que se libre oficio al SAE para que «a la mayor brevedad posible», facilite a los agentes «copia íntegra» de los expedientes de contratación como empleados de la Faffe y el SAE de las 84 personas sobre las que planea la sospecha, incluyendo varios puntos como las convocatorias de los puestos, las solicitudes para cubrirlos, los baremos aplicados, la conclusión, los criterios de selección, el resultado de las entrevistas a los aspirantes, en el caso de que se hubieran hecho; y los contratos de trabajo.

Vilaplana quiere también un par de informes. Uno en el que se detalle la plaza asignada a cada uno, «especificando el departamento y lugar físico de trabajo», una descripción de las funciones que realizaban y el listado del personal que compartía lugar y tareas. Y otro que gire sobre «la identidad» de los directivos o representantes de la Faffe o el SAE responsables de las contrataciones. Pretende, asimismo, que se ordene «la cuantificación de los emolumentos, haberes y salarios percibidos» por los 84 ex empleados y, por último, ha mandatado que se libre oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social para que ésta haga llegar a la fuerza policial «toda la información laboral» de la que disponga de ese grupo entre el 1 de enero de 2000 a la actualidad, aportando las fechas concretas de altas y bajas.