Las ondas del “caso Isofotón” alcanzan a los ministros Montero y Planas

El juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla sigue afilando en las grutas submarinas del llamado “caso Isofotón”, hasta salpicar al actual Gobierno de España. La titular del órgano judicial, Patricia Fernández, ha mandatado, vía providencia fechada el pasado 5 de febrero, que se requiera a “la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía a fin de que aporte” un acta de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del 3 de julio de 2012 por la que “se modificó la propuesta de inversión para la concesión” de un préstamo otorgado a la empresa malagueña que da nombre a la causa. Se trata del que le asignó la Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía (Soprea) por un importe de 8.395.854 euros, con el que la mercantil pretendía atender de forma parcial obligaciones de pago derivadas de la adquisición de células y paneles destinados a la obtención energía solar.

La instructora demanda la documentación, después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción en un escrito en el que insiste en una idea: pese a una hilera de anomalías detectadas en el expediente, “y cuanto menos con negligencia grave rayana en la intención”, se propone “un resultado apto” a la pretensión de Isofotón, “debido a la importancia estratégica” de un sociedad que llegó a tener más de 700 empleados, aunque acabó echando el cierre y dejándolos a todos en la calle.

En el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se explica que la Ley 6/2006 de 24 de octubre de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía regula en su artículo 35 las comisiones delegadas, “órganos colegiados creados por el Consejo de Gobierno para coordinar la elaboración de directrices y disposiciones, programar la política sectorial y examinar asuntos de interés común a varias consejerías”. Además, se fijó luego por decreto su composición y funciones y, en el caso de la ligada a los Asuntos Económicos, “está presidida por el presidente de la Junta de Andalucía, y ostentando la Vicepresidencia el consejero de Economía, Innovación y Ciencia; y la Secretaría, el secretario general de la consejería mencionada”. “Otros miembros -se añade en el texto judicial-, serán las consejerías de Hacienda y Administración Pública, Obras Públicas y Vivienda, Empleo, Agricultura y Pesca, Turismo, Comercio y Deporte, Igualdad y Bienestar Social, Cultura y Medio Ambiente”. Los acuerdos de las mismas “deben constar en un acta”, según la Fiscalía, y ese ente tuvo que “examinar y deliberar sobre todas aquellas propuestas relevantes en materias que tengan contenido económico o afecten a las economía andaluza en su conjunto o a sectores relevantes, con independencia del instrumento formal” en el que se plasmaran. Por ello, Anticorrupción pide que se aporte al proceso la documentación solicitada de julio de 2012, cuando presidía el Ejecutivo autonómico José Antonio Griñán -al que ya había apuntado con anterioridad Anticorrupción en sus escritos- y el consejero de Economía era Antonio Ávila. Junto a ellos, la titular de Hacienda y Administración Pública era entonces María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno central; y el titular del departamento de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente era Luis Planas, ministro del ramo en estos momentos. Ambos habrían estado presentes en la reunión de la comisión delegada que se celebró en San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, el 3 de julio de 2012, en la que se dio luz verde a dos operaciones con cargo al Fondo de Desarrollo Empresarial, una de ellas a favor de Isofotón, según documentación consultada por este diario. No consta, en cambio, la asistencia de Griñán.

Este proceso ya había alcanzado a otra integrante del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, a Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quien fue directiva de la empresa malagueña y tuvo que dar explicaciones en el Congreso sobre esa etapa, aunque desde el Gobierno mantienen que no participó ni contribuyó a “ninguna decisión de financiación, garantía, gasto, inversión o dación de cuentas”.

Recurso de un investigado

Al margen del acta, la instructora del “caso Isofotón” da por interpuesto un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la resolución en la que rechazó archivar la causa como había pedido la representación procesal de uno de los investigados, Ángel Garijo, y ya informó este periódico, y dispone que se haga entrega de una copia de éste al Ministerio Fiscal y a resto de las partes personadas para que puedan alegar por escrito “lo que estimen conveniente”.