La UE investiga las vulneraciones de derechos en asentamientos de temporeros de Huelva y Almería

«Me complace informarle de que la Comisión de Peticiones ha examinado» la suya y «la ha declarado admisible, ya que el asunto que plantea entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea (UE)». Es el arranque del escrito con el que se ha comunicado al coordinador de IU en la provincia de Huelva, Rafael Sánchez, que la denuncia que elevó a Bruselas, en representación de la Asociación Multicultural de Mazagón (Huelva) y Almería Acoge, con la mirada centrada en la situación en la que se hallan los trabajadores que viven en los asentamientos de chabolas, se investigará.

Lo hará la Comisión Europea de forma preliminar, pero también se remitirá la petición, que fue registrada en noviembre de 2020, a la «Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior» del Parlamento comunitario. Sánchez alertó de la constante vulneración en esos asentamientos de las directivas que regulan las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros, a lo que sumó la conculcación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en especial en lo que respecta a la dignidad humana, la no discriminación o los derechos del menor.

El dirigente de IU trasladó a Bruselas que los inmigrantes habitan «en asentamientos rurales, mal comunicados y sin los mínimos servicios básicos ni equipamientos sociales», además de carecer de asesoramiento jurídico, lo que da lugar a «constantes situaciones de abuso». Unas condiciones que además se han visto agravadas con la expansión del coronavirus.

Tanto la coalición de izquierdas como las otras dos organizaciones firmantes de la queja, solicitaron a la Unión «una respuesta inmediata y firme ante la situación en la que se encuentran los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva», tras apuntar a la pasividad de las administraciones nacionales competentes.