Octubre caliente en Andalucía

El 20 de marzo de este año las Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública sacaron a la calle por última vez su indignación por la situación de la Atención Primaria en Andalucía, después de prácticamente un año sin citas presenciales ordinarias. En el mismo mes en que esa atención presencial se recupera, la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha convocado una gran manifestación en todas las provincias el sábado 23 de octubre, bajo el lema «Recuperemos la sanidad pública». No es la única protesta que tendrá que afrontar la Junta de Andalucía: para el próximo jueves los sindicatos CC OO y UGT han organizado una protesta ante la sede de la Presidencia, el Palacio de San Telmo, a las 11.30 horas. ¿El motivo? «Exigir al Gobierno andaluz una recuperación real para la mayoría social», según anunciaron el viernes pasado las direcciones de las dos organizaciones. El lema principal será «Porque es nuestro futuro. Recuperación real. Empleos justos» y recorrerá la corta distancia que hay entre la estatura del Cid –junto a los jardines del Prado– y la sede del Gobierno andaluz.

«La pandemia ha empeorado muchísimo la cosas, estamos en una situación límite», denuncia Sebastián Martín Recio, uno de los portavoces de las Mareas Blancas, quien reconoce el esfuerzo de la Junta de Andalucía por intentar recuperar «la normalidad» previa a la pandemia. La principal falla a la que apunta es «la falta de recursos y personal, que no se suple poniendo a una enfermera de triaje», asegura respeto a la medida anunciada por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, la semana pasada. Esa nueva figura, similar a la que ya existe en las Urgencias de los hospitales, se encargará de cribar a los pacientes que acudan a los centros de salud para determinar qué tipo de atención médica requiere. Para Martín Recio, esto supondrá un inconveniente más para los profesionales sanitarios, al considerar que tras un año «con lista de espera» sin ser atendidos presencialmente, «la indignación del paciente que quiere ver a su médico la va a proyectar contra esa persona. Es un parche». Respecto a esta polémica, el director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, limitó ayer las quejas surgidas a «algunos» profesionales, señalando que «se trata de un rol que ya existe en los hospitales desde hace muchísimos años» y «nadie lo ha cuestionado» para poner «orden» en la prioridad de asistencia. Además, aseguró a Europa Press que los usuarios que están necesitando «acudir» a sus centros de salud y hospitales de forma presencial lo están recibiendo «sin problema alguno», ya que todas las áreas sanitarias están en nivel 0 o 1 de riesgo por Covid-19.

Sin embargo, desde Mareas Blancas insisten en que se está produciendo un «deterioro» de la sanidad pública, cuyo inicio sitúa en los recortes de 2012 que provocaron las primeras movilizaciones del colectivo sanitario. Denuncia que durante una década el presupuesto sanitario de la Junta se redujo «en mil millones al año». «El agujero que quedó fueron once mil millones y 8.000 profesionales menos», lamenta y critica la «posición decrépita» en la que se encontraba «antes de la pandemia, que ha venido a agravar la situación». Su portavoz responsabiliza tanto al Gobierno de España como al andaluz porque «con el paraguas de la colaboración público-privada se está desmantelando la sanidad». En su opinión, «la sanidad privada está siendo la gran beneficiada» por la crisis de la Covid-19. Como ejemplo, Martín Recio señala el aumento exponencial de las pólizas médicas: 1,5 millones de andaluces tienen seguro particular, según el último informe «Sanidad Privada, Aportando Valor. Análisis de la situación 2020», publicado por la Fundación IDIS. Según ese estudio, «la sanidad privada en Andalucía representa el 32,4% del gasto sanitario total, lo que la sitúa por encima de la media nacional donde el porcentaje supone el 29,5%». Señala, además, que «el 55% de los hospitales son privados, con el 28% de las camas en Andalucía».

El gasto sanitario en el último año alcanzó un tope histórico de 11.772 millones, de los que 10.729 millones corresponden al Servicio Andaluz de Salud (SAS), según recoge la página web de dicho organismo. Prácticamente la mitad de esa cantidad, 5,1 millones, se destinan a costes de personal. A la cifra global se sumaría los 450 millones del fondo de reserva covid articulado por la Junta. El consejero de Salud y Familias destacó en el último Pleno del Parlamento, el miércoles pasado, que «ahora mismo hay 19.600 (profesionales) más que había hace un año y medio». En cuanto a la Atención Primaria, desde la Consejería puntualizan que entre enero de 2019 y agosto de 2021 la plantilla aumentó en 6.014 profesiones, un 23,7% más. Según Aguirre, «hemos agotado las bolsas de contratación del SAS». «Esta limitación que se da en toda España nos dificulta contratar a más profesionales», defendió ante las críticas vertidas por la falta de personal. De hecho, ayer mismo explicó, en una entrevista en Canal Sur Radio, que se está «presionando» a los ministerios de Universidades y de Educación del Gobierno de España para que se aumenten los «números clausus» en las facultades de Medicina y lograr así que más estudiantes accedan a esas carreras ante el «déficit de médicos» que, asegura, existe actualmente.

«Hemos calculado que para volver a la normalidad anterior en la Atención Primaria, que ya tenía bastantes deficiencias, hace falta contratar a 4.000 profesionales más», de manera «estable», según cálculos de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, atendiendo a la ratio médico-paciente y a una visita media de diez minutos por usuario.