Investigan a la esposa, un hermano y dos cuñadas de un ex alto cargo del PSOE-A

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha incorporado como investigados a la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al “entramado empresarial” del que fuera vicesecretario del PSOE andaluz Rafael Velasco, a la esposa del mismo, dos hermanas de esta y cuñadas de Velasco y a un hermano de este último, según un auto emitido el pasado 28 de diciembre, adelantado por ABC y recogido por Europa Press.

Después de que hace un año la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla revocase el sobreseimiento libre ordenado en 2017 por la juez María Núñez Bolaños al frente del Juzgado de Instrucción número seis, respecto a cuatro expedientes de subvención incorporados a la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al “entramado empresarial” del que fuera vicesecretario del PSOE andaluz Rafael Velasco, el juez Vilaplana ordenó en junio de 2021 la reapertura de las actuaciones y la práctica de diligencias.

En ese sentido, el juez recuerda que este procedimiento versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la “presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5″, vinculada a Rafael Velasco.

Así, la citada entidad “habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular”, en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de e 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.

“Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (...) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención”, considera el juez, tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.

NUEVOS INVESTIGADOS

Y “a la vista del resultado” de diversas diligencias ya practicadas, el juez ordena incorporar como investigados a la causa a Antonia M.L., Rafaela M.L., Inmaculada M.L., Pedro V.S. y Alonso S.F.

Antonia M.L., esposa de Velasco, “era la Administradora única” de la empresa Aulacen 5; mientras Rafaela M.L., hermana de la anterior y cuñada de Velasco, “podría haber cooperado en la comisión de los hechos delictivos, por cuanto aparecería como evaluadora en los cursos de formación subvencionados a pesar de tener relación de consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad en segundo grado” con su hermana y su cuñado (“administrador de hecho” de Aulacen 5, extremo prohibido por la ley y el reglamento de subvenciones.

Inmaculada M.L., también cuñada de Velasco, figura según el juez como “docente en los cursos de formación subvencionados a pesar de que tiene relación de consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad en segundo grado” con Velasco y su esposa, extremo prohibido por la ley y el reglamento de subvenciones según insiste el juez Vilaplana.

UN MIEMBRO DEL SAE

Pedro V.S., hermano de Velasco y por ende cuñado de Antonia M.L., administradora de Aulacen 5, figuraría igualmente como docente en tales cursos, pesando sobre él los mismos extremos, mientras que Alfonso S.F., “sin ostentar cargo que le habilitara para ello, habría intervenido en los procedimientos y expedientes administrativos objeto de la presente causa, suscribiendo comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de subvenciones, recibiendo comunicaciones a su nombre, emitiendo certificados y participando en la toma de decisiones en la Jefatura de Servicio de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo”.

Por ejemplo, se le atribuye haber emitido un “certificado” sobre la jomologación de Aulacen 5 en abril de 2005, una “certificación que se reputa mendaz dada la fecha de constitución de la sociedad el 12 de diciembre de 2005 y que la solicitud de la subvención se formuló el 15 de diciembre de 2005″.

Así, el juez resuelve que todos ellos “sean llamados al presente proceso en calidad de investigados”, atribuyéndoles tal condición y acordando ampliar el plazo de instrucción de la causa otros seis meses, hasta el 28 de junio de 2022.