Tribunales

El alcalde de Villanueva de Algaidas (Málaga), investigado por prevaricación

Supuestas irregularidades en unos pagos y en contratos menores

Juan Antonio Cívico
Juan Antonio CívicoLa RazónAyto. Villanueva de Algaidas

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Archidona ha ordenado la apertura de diligencias previas y ha pedido que declare como investigado al alcalde de Villanueva de Algaidas (Málaga), Juan Antonio Cívico, en relación a una denuncia por posibles delitos de malversación y prevaricación.

En el auto, se llama a declarar como investigado a Cívico (PSOE) y en calidad de testigos a la secretaria interventora del Ayuntamiento y otras cinco personas tras la denuncia presentada por el grupo municipal de AE-Por Algaidas por supuestas irregularidades en unos pagos y en contratos menores.

“Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, señala el auto, facilitado a EFE.

En la denuncia que ha motivado estas actuaciones, AE Por Algaidas alertó del pago de 2.000 euros efectuado a una extrabajadora del Juzgado de Paz y del abono de 5.176,38 euros realizado a un exfuncionario de la Policía Local, pese a la advertencia de su “ilegalidad” por parte de la intervención municipal.

También advirtió del pago de 6.000 euros efectuado al oficial de la Policía Local, “resolviendo el alcalde de forma arbitraria, un recurso de reposición sin ningún informe jurídico que lo sustentara”.

Asimismo, la denuncia detalla pagos efectuados por contratos menores de obras y servicios desde marzo de 2018 hasta el pasado 30 de septiembre, por un total de 580.211,44 euros, amparados en 633 facturas, y de la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en el proceso de contratación de tres técnicos y un maestro en la guardería municipal.

El portavoz de AE-Por Algaidas, José Cabrera, ha señalado este lunes en un comunicado que su grupo ha interpelado en el pleno al alcalde en numerosas ocasiones “para que cumpla la Ley de Contratos” y no la ha tenido en cuenta, lo que les obliga a cumplir con su “deber”.

Tras señalar que no quieren ser “encubridores de posibles delitos”, ha dicho que pretenden evitar “el uso cortijero y caciquil” que, a su juicio, hace el alcalde, con el dinero de los vecinos del municipio.