Los acusados del corcho actuaron «a sabiendas»

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla celebró la fase de conclusiones definitivas e informes finales, del juicio por las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad. A la hora de exponer su informe final, la fiscal aseguró que todos los acusados actuaron «a sabiendas» de que las ayudas por valor de más de 8,4 millones cosechadas por el citado grupo de empresas entre 2001 y 2007 fueron entregadas por la Junta «al margen de cualquier procedimiento legal», considerando además que todos ellos «sabían que nadie controlaría el destino» de los fondos públicos concedidos.

Los encartados en esta pieza de la macrocausa de los ERE son Ángel Rodríguez de la Borbolla –hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE–, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.

Tras las testificales y periciales, iniciado a mediados de marzo, la fiscal del caso invocó el testimonio del exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado por el «procedimiento específico» mediante el cual eran canalizados los fondos de la partida 31L de los presupuestos andaluces.

En concreto, ha rememorado que Viera testificó que “no existía una convocatoria específica” de estas ayudas, sino que la Administración actuaba “a demanda” de empresas que afrontaban situaciones “de crisis”, tras lo cual ha recordado que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) autores de 275 informes sobre el conjunto de las subvenciones abarcadas por la macrocausa de los ERE manifestaron, de su lado, que las ayudas objeto de este juicio estaban descritas en los documentos como “específicas e incondicionadas”, cuando una subvención “no puede ser incondicionada”.

Mientras las ayudas indagadas fueron otorgadas durante el periodo en el que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social estaba comandada por Francisco Javier Guerrero, también condenado por el “procedimiento específico” articulado en la Junta para la tramitación de estos fondos y fallecido en 2020; la fiscal ha señalado la “relación personal” que unía a Rodríguez de la Borbolla con Guerrero, pues ambos fueron alcaldes en la Sierra Norte de Sevilla.

En ese contexto ha expuesto que con relación a las ayudas concedidas a estas empresas del sector del corcho de la Sierra Norte encabezadas por Rodríguez de la Borbolla, no consta solicitud formal de ayuda, “instrumento imprescindible” para la tramitación; ni “memoria de necesidad” o justificación del “interés social” ni documentos que reflejen “fiscalización” alguna del gasto final de los fondos.

ACTUARON “A SABIENDAS”

Según la fiscal, todos los acusados contaron con “capacidad de decisión” en las empresas beneficiarias de estas subvenciones y actuaron “a sabiendas” de que las ayudas fueron entregadas “al margen de cualquier procedimiento legal”, siendo conscientes de que “nadie controlaría el destino” de los fondos públicos.

Mientras Rodríguez de la Borbolla manifestaba a la hora de declarar como acusado que entregó “toda la documentación” a la secretaria de Guerrero y que era “función” de la Junta de Andalucía reclamar la justificación del uso del dinero público entregado, la fiscal ha avisado de que este encartado contaba con “formación y experiencia para saber” cómo funciona la tramitación de una ayuda pública.

Cualquier persona con “un mínimo de diligencia”, según la fiscal, sabe que para acceder a las subvenciones públicas “al menos hay que pedirlas” de manera formal, extremo en el que ha insistido. “Sabían que para pedir una ayuda es necesaria la solicitud y acreditar un interés social, así como que se les podía exigir una justificación”, ha aseverado, considerando que las ayudas en cuestión no se atenían a “un mínimo de legalidad”.

Especialmente, la fiscal ha reprochado a los acusados su “pasividad” a la hora de comunicar a la Administración el destino de los fondos, así como que no “realizaron actividad alguna para justificar” el gasto del dinero público recibido.

Estas subvenciones, según ha avisado, reflejan así una “absoluta falta de procedimiento en el reparto de los fondos”, pues se “prescindió” del mismo al no pesar documentación como solicitudes expresas, “análisis económicos” o verdaderos planes de viabilidad, sin que tampoco pesen “resoluciones de concesión” como tal, sobre todo porque Guerrero, como director general, carecía de “competencias” para otorgar estas ayudas.

“DESCONTROL ABSOLUTO”

Sobre el citado departamento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, la fiscal ha señalado el “descontrol absoluto en los endosos, los pagos y en todo”, lo que ha llevado a la fiscal a manifestar que, de todos modos, se trataba de un “sistema opaco y sin publicidad”.

Así las cosas, la fiscal del caso, en sus conclusiones definitivas, ha anunciado una modificación al admitir las dilaciones indebidas que pesan sobre este procedimiento judicial, --respecto al que no obstante ha descartado una “paralización”--; solicitado cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para Rodríguez de la Borbolla por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos; y reclamando para el resto de los acusados cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por los mismos delitos.

La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, ha avisado por su parte de que “ninguna documentación prueba el cumplimiento de la finalidad para la que fueron otorgadas” las ayudas concedidas a estas empresas, considerando que estas subvenciones “no sirvieron para crear empleo” y que ha quedado de relieve un “trato de favor” hacia este grupo de empresas encabezado por Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla, de quien ha señalado su “amistad” con el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

“No hay ninguna constancia del destino de los fondos”, ha insistido la representante de la Junta, situando a Rodríguez de la Borbolla al frente de este grupo de empresas y considerando que las pruebas practicadas durante el juicio han puesto de relieve todo una “operativa de funcionamiento” expreso para estas subvenciones.