La inflación, enésima dificultad para la modernización del campo andaluz

El día 1 de septiembre, después de un mes de agosto declarado inhábil por la Consejería de Agricultura, se abrió el plazo para la aceptación de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias por parte de 2.250 beneficiarios confirmados a final de julio. La Junta de Andalucía va a repartir 105 millones de euros a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR) en concurrencia competitiva, un presupuesto récord, pero insuficiente por la alta demanda entre agricultores y ganaderos. Para colmo, muchos de los proyectos aprobados se ven amenazados por una inflación que eleva los costes de ejecución y provoca que las subvenciones no cubran las previsiones. Ante esta situación, el sector reclama una mayor flexibilidad de la Unión Europea para el cumplimiento de los requisitos.

La agricultura se encuentra en un permanente proceso de modernización que requiere de protección porque de ella depende la soberanía alimentaria, de ahí que desde Bruselas se marque el camino a través de la Política Agraria Común (PAC) y luego sean los gobiernos nacionales y autonómicos los que definan ayudas como éstas, destinadas a mejorar la eficiencia, la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y la competitividad de las explotaciones.

DOS AÑOS DE GESTIÓN

Estas ayudas se convocaron hace dos años. La anterior se remonta a 2016. La consejería recibió 6.157 solicitudes que cumplen los requisitos, con lo cual se han quedado sin atender por falta de disponibilidad presupuestaria casi 3.907 proyectos, lo que se habría traducido en inversiones superiores a 200 millones de euros en el territorio. A juicio de Jaime Martínez-Conradi, director gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, «el problema no es que la convocatoria sea corta en términos económicos», sino de falta de celeridad en la gestión: «Las resoluciones que se están entregando corresponden a la convocatoria lanzada a finales de 2020. Los proyectos presentados entonces se diseñaron y presupuestaron en una situación económica distinta a la actual». Con la crisis de suministros iniciada a finales de 2021 y el incremento de los costes laborales, los presupuestos de dichos proyectos «están hoy fuera de mercado» y «en el contexto de precios actual, las ayudas no cubren ni el 50%».

Desde Cooperativas avanzan que «muchas de las solicitudes concedidas no van a llevarse a cabo por las condiciones tan estrictas de la Unión Europea», que obliga a ejecutar el 75% de la obra para poder cobrar la subvención. La única solución posible es que «Bruselas sea más flexible en las condiciones a la hora de liberar las ayudas».

Las organizaciones agrarias coinciden al señalar que la petición masiva de solicitudes era previsible. Los productores están cada día más informados por las empresas y organizaciones. «En Cooperativas nuestra razón de ser es ayudar a ser más competitivos en un sector globalizado, tecnificado y con altos estándares de calidad», explica Martínez Conradi, que hace hincapié en que «estas ayudas no se convocaban desde 2016» y «la tecnología y los sistemas productivos avanzan a un ritmo vertiginoso».

Desde Cooperativas afirman que «con los precios actuales muchos de esos proyectos van a tener que ser replanteados, pero no se van a frenar los 4.000 de golpe». «Confiamos en que las administraciones entiendan que abordar la digitalización y emprender mejoras en las explotaciones requiere de un respaldo firme, las convocatorias de ayudas tienen que ser anuales o bianuales y su resolución debe agilizarse», dice. La UE tiene abierto la caja de las inversiones a través de los fondos Next Generation, «contamos con fórmulas como el Perte», que pueden paliar este déficit.

Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), explica que la «única solución» sería «aumentar» el presupuesto, pero el problema es que son unas «ayudas incluidas en el PDR y el presupuesto para el actual periodo marco es consecuencia de la aprobación de la PAC de 2014». A pesar de que los fondos de la UE para España aumentaron para este segundo pilar, «desde el Ministerio de Agricultura se le recortó a Andalucía cerca de un 10% en Desarrollo Rural, siendo además la única región que vio minorado su presupuesto en relación con el anterior marco, lo que ha perjudicado a Andalucía desde entonces».

MÁS CONVOCATORIAS

Según Cano, «como la convocatoria no se realiza anualmente, los agricultores y ganaderos están expectantes porque estas convocatorias no tienen una fecha fija». Y el hecho de que casi 4.000 solicitantes se queden fuera, tendrá un «impacto considerable». De todas formas, insisten en que «el origen de este problema tenemos que encontrarlo en el anterior Gobierno de la Nación, que aprobó una PAC lesiva para Andalucía. Estas carencias presupuestarias limitan sobre manera el potencial productivo andaluz y ese freno es responsabilidad de quien aprobó la PAC, cuyos nefastos resultados para Andalucía».

Desde COAG, subrayan que los grandes perjudicados son los «jóvenes agricultores, que no pueden optar a las ayudas al no contar con los puntos de explotación prioritaria que sí ostentan las explotaciones consolidadas». Por ello, solicita en el futuro un «presupuesto específico» para ellos. Clara Torreblanca, coordinadora de Juventudes de COAG, recuerda que «modernizar es sinónimo de ahorrar energía o agua, y, en consecuencia, costes, siendo una obligación ineludible en el contexto actual de inflación e incertidumbre provocada por la guerra de Rusia en Ucrania».

Pese a que hay más de 6.000 explotaciones implicadas y miles de familias damnificados, la Consejería de Agricultura no ha atendido la petición de información de LA RAZÓN sobre si es viable ampliar el presupuesto, si tiene previsto convocar una nueva línea de ayudas a la modernización a corto plazo o si se plantea una revisión de los precios y, por tanto, de las ayudas o existe alguna vía para amortiguar la denuncia del sector mediando ante la UE.