PP y Vox aprueban una proposición no de ley para endurecer las penas por ocupación de viviendas

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este viernes una Proposición no de Ley (PNL) del PP-A con la que reclama a la Junta de Andalucía para que, a su vez, plantee al Gobierno a que “proceda con carácter urgente” a “modificar los artículos 245 y 269″ del Código Penal con la pretensión de “endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias”, por lo que propone “recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre tres y cinco años”.

La iniciativa del PP ha contado con el apoyo de Vox para sumar 70 votos favorables y con el rechazo de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. La siguiente demanda del PP en su iniciativa parlamentaria se dirige a propiciar la modificación de la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que “se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas” y puedan “iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

La tercera petición del PP es la inclusión de “nuevas medidas procesales” en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para buscar una mejora de “la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble”, de manera que se propicie “recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento”.

El PP reclama en este punto que se pueda “proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía”. La cuarta petición de la PNL del PP se encamina es crear un nuevo apartado en el articulado de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local de manera que se pueda “evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal”, bajo la definición que hace de esta figura en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.

En este punto los populares reclaman que “esta inscripción se considere nula”, así como que “no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho”, por lo que propone que “los ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento”.

La última demanda del PP apunta a pedir el cambio de la legislación tributaria para “la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas”. En la exposición de motivos de la iniciativa el PP argumenta que “en los últimos años ha aumentado considerablemente el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España”, de manera que “ha continuado el incremento de las denuncias por allanamiento u ocupación a domicilios, según datos del Ministerio del Interior”.

El PP aboga por que, además del marco legal existente, “el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos”, a lo que ha añadido la inclusión de “un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas”.

EL PSOE CULPA AL PP DE LA ECLOSIÓN DE LA OCUPACIÓN EN SUS GOBIERNOS

El parlamentario socialista Rafael Recio ha asegurado que la iniciativa del PP “ni es nueva ni fomenta un debate favorecedor de consenso”, para pedir entonces “un enfoque trasversal”, aun cuando ha precisado que su partido “no será quién niegue malestar, desasosiego, no minimice el problema” y ha sostenido que “la eclosión” de la ocupación ha sido “cuando gobernaban España”, en referencia al PP.

Recio ha defendido, tras precisar que “no es lo mismo usurpación que allanamiento”, que “se observa una disminución de las ocupaciones”, para mencionar que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifró en 2017 el allanamiento de morada en un 0,13% y esgrimir que “ni siquiera el CIS refleja la ocupación entre los principales problemas de los españoles”. El diputado del PSOE ha instado al PP a acometer estudios previos antes de proceder a la modificación de los artículos del Código Penal, al tiempo que ha recordado que el teléfono antiocupación de la Junta de Andalucía no llegaba a un centenar de denuncias.

El portavoz adjunto de Vox, Javier Cortés, quien ha comenzado su intervención relatando un caso en Sevilla del que ha dicho que su grupo ayudó a resolver, ha sostenido que los datos del Ministerio del Interior plantean una subida del 450% de las ocupaciones en una década, que evolucionan a un ritmo diario de 49 ocupaciones, y ha concluido que “los ocupas están más protegidos que los legítimos propietarios”, hecho que ha atribuido a la existencia de “mafias perfectamente organizadas”,

Tras proclamar que “los inmigrantes ilegales deben ser expulsados”, Cortés ha argumentado que la ocupación “no trata de una lucha entre pobres y ricos, sino entre legítimos propietarios y delincuentes”, ha planteado que “exigimos que los ocupas respondan patrimonialmente de los daños causados”, idea a la que ha añadido que “a los ocupas hay que echarlos de una patada en el culo y no negociar con ellos”.

El portavoz adjunto de Vox, quien ha esgrimido que garantizar el derecho a una vivienda digna “es responsabilidad de la Administración”, ha advertido de que “mientras los países de Europa endurecen las leyes, nosotros soltamos las riendas”.

La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha recriminado al PP que su iniciativa parlamentaria “es la misma que en el Congreso” para considerar entonces que “está pensada para ayudarle a su grupo en Madrid”, y concluir en “la competencia absurda entre ustedes y Vox a ver quien trae las iniciativas más alarmistas”, que conducen a “asustar a los ciudadanos” de manera que “si sales a la calle, te va a asaltar un mena y van a ocupar tu casa”.

Gómez ha defendido que “hay mecanismos de sobra” para contrarrestar la ocupación de viviendas, para lo que ha blandido el artículo 102.1 del Código Penal que faculta al desalojo con autorización judicial en caso de delito flagrante, y ha sostenido que el PP “quiere hacerle el trabajo sucio a esas grandes corporaciones” tenedoras de viviendas. La portavoz adjunta ha lamentado que la PNL del PP incurre en “la criminalización de los más débiles”.

La presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha considerado que “no entendemos esta PNL, nos parecen bastante falsos los datos”, de lo que ha deducido que “esta PNL va de proteger los intereses de los grandes tenedores de vivienda”, y ha lamentado que el PP promueva un endurecimiento de penas en el Código Penal por cuanto entraña que “esto se llama populismo punitivo”, tras sostener que en Andalucía las denuncias por ocupación han descendido un 12%.

Mora ha asegurado que “hay muy pocos estudios sobre el perfil de los ocupadores” para apuntar seguidamente que “hay 87.000 familias ocupando viviendas” en España, de las que ha indicado que “el 90% presenta perfil vulnerable, no son mafias” y que un 73% de los ocupantes son españoles, y ha reprochado al PP que “estén poniendo el foco no en castigar las viviendas vacías, sino en las personas vulnerables”, para apuntar que el INE señala la existencia de 3,4 millones de viviendas vacías en Andalucía.