Mayoría femenina en la sanidad y la educación de Andalucía

La tendencia no es exclusiva de Andalucía, sino que se repite en el resto de España. Las mujeres son amplia mayoría en los sectores sanitarios y educativos públicos, aunque existen diferencias entre ambos en cuanto a su presencia entre los equipos directivos. La atención sanitaria se sigue asociando con un rol femenino y, según datos de la Organización Mundial de la Salud, representan en torno al 70 por ciento. Son mayoritarias entre el personal sanitario pero su presencia se concentra en los puestos base del sistema, con menores responsabilidades y remuneraciones más bajas, y disminuye, sin embargo, entre los puestos más elevados, de gestión y de toma de decisiones.

Según los datos que figuran en la Adenda de género del Anexo de Personal del Presupuesto 2023, obtenidos a fecha de septiembre de 2022, el personal del Servicio Andaluz de Salud lo integran 90.711 personas, de las que 63.335 son mujeres (69,8%) y 27.376 son hombres (30,2%). Esta cifra no incluye los datos de las extintas Agencias Públicas Empresariales Sanitarias, lo que varía el número final de trabajadores pero no la tendencia.

El Informe de Evaluación de Impacto de Género desglosa estos datos. Señala que las mujeres siguen siendo mayoría en todos los grupos profesiones, pero que «el subgrupo A1, que requiere mayor cualificación académica para su acceso, es el único que presenta un equilibrio entre mujeres y hombres». Por ejemplo, de los 378 cargos directivos identificados en el informe, 165 son mujeres y 213 son hombres. Sin embargo, entre los denominados «puestos básicos», 56.350 son mujeres y 23.342 son hombres. En el caso de la educación –también con los datos recogidos en la Adenda de Género del Anexo de Personal que acompaña al Presupuesto 2023–, el personal del Sistema Educativo Público andaluz lo componen 108.122 personas, de las que 70.968 son mujeres (65,6%) y 37.154 son hombres (34,4%).

En el caso del personal laboral, está compuesto por 716 personas, de las cuales 354 son mujeres (49,4%) y los hombres son 362 (50,6%). Los datos que recoge el Informe de Evaluación de Impacto de Género sobre la educación concertada son los siguientes: de los 20.752 docentes contabilizados, 13.559 son mujeres (65,7%) y 7.193 son hombres (34,3). La femenización de la educación en España es menor que en resto de los países europeos. Las mujeres representan el 96,3% del profesorado en Educación Infantil en el promedio para los países de la OCDE, el 82,5% en Primaria, el 68,1% en la primera etapa de Educación Secundaria y el 59,8% en la segunda etapa de Educación Secundaria. Para el conjunto de la UE, los porcentajes son similares a la media de la OCDE, con un nivel de feminización del profesorado siempre superior a los porcentajes de España.

Hay un dato relevante en la situación de la educación pública. La temporalidad afecta más a los hombres que a las mujeres. El informe revela que el personal de los centros de titularidad pública en esta situación alcanza el 22,9% del total -se ha reducido el porcentaje con respecto a 2021 en más de 3 puntos– y que es más acusada entre los hombres (25,4%) que entre las mujeres (21,6%). Eso sí, la brecha de 3,9 puntos porcentuales es menor a la de 5,1 puntos observada en la misma fecha del año anterior, lo que «confirma la tendencia decreciente de los últimos años». La situación en los centros de educación concertada es distinta. Con una temporalidad del 25,3%, a diferencia de los centros de titularidad pública afecta más a las mujeres (25,8%) que a los hombres (24,4%).

En lo que respecta a la organización del personal no judicial que presta servicio a la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que son las competencias que tiene reservadas la región en esta materia, la imagen que presenta el estudio es la siguiente: está integrado por 7.667 personas de los cuerpos de personal funcionario, de los que 5.145 son mujeres (67,1%) y 2.522 son hombres (32,9%). En este caso, la feminización del personal no judicial se ha acentuado en los últimos años, alejándose con mayor intensidad de los márgenes del equilibrio representativo que prácticamente existía el 1 de enero de 2010. Además, se desarrolla en todos los niveles y se destaca «el mayor ritmo en la incorporación de mujeres en los grupos donde se requiere una mayor cualificación».