El primer gran pacto social de Moreno en la nueva legislatura desactiva las críticas sanitarias de la oposición

Este fin de semana el presidente andaluz se quejaba de «la romería de ministros» que llega a Andalucía para «incorporar nuevos bulos a la política» regional. Tan sólo 24 horas después, Juanma Moreno, rubricó el primer gran acuerdo social de la legislatura, con la consiguiente imagen del pacto con la patronal y los sindicatos en plena ofensiva de la oposición con la sanidad. En términos políticos y en el marco de la precampaña, el movimiento de Moreno, experto en protocolo, supone un nuevo golpe en el tablero socioelectoral. De hecho, la mayor crítica del líder del PSOE-A, Juan Espadas, es que Moreno «empieza a poner por buena la concertación social que criticó tantos años en la oposición». El presidente de la Junta pacta con CEA, CC OO y UGT movilizar casi 9.000 millones, la mitad para ayudas urgentes a familias y empresas. Asimismo, Moreno acuerda con los sindicatos descartar en normativa «externalizar» la Atención Primaria salvo supuestos de «emergencia», algo que en la práctica ya está hecho en el Parlamento con la aclaración del decreto de conciertos sanitarios. El nuevo pacto de concertación social se va a los 8.840 millones, con bonos a familias, avales a hipotecas y ayudas a pymes. La Junta se compromete a destinar un 25 % del presupuesto de sanidad a la Atención Primaria y a realizar un plan de empleo juvenil. Moreno anunció 4.430 millones urgentes para «el mayor escudo social de nuestra historia».

El presidente de la Junta presidió en San Telmo la firma del nuevo «Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía», un acuerdo sellado con la Confederación de Empresarios y CC OO-A y UGT-A. Se trata del primer pacto de esta naturaleza en la nueva legislatura –la primera con mayoría absoluta del PP– y que se suma a los dos grandes acuerdos con los mismos agentes en el anterior mandato.

Con la oposición desplegando la artillería por la sanidad en una estrategia que el presidente ha calificado de «bulos» y ataques a «los servicios públicos», el acuerdo recoge expresamente el compromiso de «concretar un pacto andaluz por la atención primaria de forma que siente las bases para reforzar este nivel asistencial y corregir el desequilibrio tradicional del Presupuesto sanitario sosteniendo un esfuerzo para que al menos el 25% del Presupuesto del sistema sanitario público de Andalucía se destine a la Atención Primaria, garantizando con la normativa pertinente la preservación de la no externalización de la Atención Primaria salvo en situaciones de emergencia sanitaria sin posible cobertura por los servicios públicos». Asimismo, «cualquier infraestructura, medio diagnóstico o dotación sanitaria, que haya sido financiada con fondos públicos, será destinada en exclusividad a la utilización por el sistema sanitario público andaluz», con una dotación de 3.370 millones. Otro punto del pacto es «disponer en todos los centros con hospitalización para salud mental de espacios específicos destinados a menores», con 6,7 millones.

Moreno defendió el diálogo social como seña de identidad de su Gobierno y señaló este acuerdo como «bueno» para Andalucía porque va a desplegar 4.430 millones en los próximos años, lo que definió como «el mayor escudo social de nuestra historia». Además, también incluye otros 4.000 millones más que se irán invirtiendo en proyectos a medio plazo. El presidente destacó que el documento firmado incluye un plan para reforzar la atención primaria y otro para combatir el desempleo juvenil, dos de las cuestiones que más preocupan a los andaluces. En el paquete de medidas urgentes figuran iniciativas como un «Bono familia» con ayudas directas a familias con menores a cargo en condiciones vulnerables y, especialmente, aquellas que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa, para lo que se destinarán 118,8 millones de euros, y un «Bono Carestía», consistente en un pago único de 200 euros a familias andaluzas, con menores a cargo, en hogares cuyos ingresos anuales son inferiores a tres veces el Iprem anual vigente, para lo que se consignan 12 millones.

Además, como medidas urgentes figuran «garantías sobre nuevos préstamos hipotecarios de financiación de la vivienda adquirida para personas físicas que tengan hasta 35 años», y un «plan urgente de empleo juvenil» para el que se destinarán 70 millones de euros.

El acuerdo incluye también un aumento de la bonificación al transporte público, «al menos hasta el 30%, que se completará con la aportación estatal, garantizando un 60% de bonificación», con una inversión de 6,7 millones. Para «agilizar» la seguridad hídrica se destinan 60 millones y para un plan de choque contra la siniestralidad, 2,2.