De la cartilla de racionamiento a los supermercados públicos

En abril de 1952 dejó de funcionar en España la cartilla de racionamiento. Fue el sistema ideado por el franquismo durante trece años ante la escasez de alimentos de la época tras la guerra civil, que instauraba una exhaustiva vigilancia sobre la producción agrícola. Han pasado más de setenta años pero la izquierda radical andaluza, lejos de fijarse en el ideal de estado de bienestar de la sociedad continúa mirando atrás y planteando medidas que recuerdan un pasado nada agradable. El último «invento» que plantean como solución a la inflación de precios en el sector alimentario es la creación de una red de supermercados públicos por toda las comunidad.

El portavoz del grupo mixto Adelante Andalucía, José Ignacio García, defenderá mañana una Proposición no de Ley en el Parlamento que plantea declarar la guerra a los «oligopolios» del sector alimentario. «Unas pocas empresas controlan casi la totalidad del mercado, a lo que se suma el papel que juegan en la cadena de suministros las empresas distribuidoras, que siguen multiplicando sus beneficios aún en momentos de crisis e incertidumbre», señala el texto al que ha tenido acceso este diario. El partido comunista señala directamente a cadenas como Eroski, Hipercor, Consum, Día o Mercadona, que «han elevado los precios muy por encima de la inflación», señala.

Adelante Andalucía asegura que la bajada del IVA del Gobierno resulta insuficiente e incide en que «las grandes empresas multinacionales, está desplazando y destruyendo al pequeño comercio local». Porque «el objetivo fundamental de maximización de los beneficios de las grandes corporaciones del sector colisiona de forma evidente con el derecho al acceso de la población a una cesta básica de alimentos en un contexto andaluz de bajos salarios y de un paro estructural que supera, aun en los mejores momentos, en entre cinco y diez puntos la media estatal de desempleo». Todo ello provoca que «los precios abusivos» se apliquen «sobre un consumidor final que cada vez tiene menos alternativas, las grandes compañías de distribución final tienen una capacidad de imposición de precios al productor en origen que no garantiza la viabilidad de su actividad».

Como solución a todo ello, Adelante Andalucía plantea el diseño de «una red de supermercados de titularidad pública que se desarrolle por todo el territorio de Andalucía y accesible a toda la población con el fin de garantizar el derecho a la alimentación saludable y digna para todos los andaluces y andaluzas». El decálogo comunista incluye el impulso de una compañía de distribución pública con logística de distribución propia que garantice un precio suficiente en origen y un precio asequible al consumidor final. Así, entienden en la formación que se llegaría «a la población que más lo necesita», desarrollando una gama de productos de primera necesidad para garantizar la accesibilidad a los grupos sociales económicamente vulnerables, fijando un sistema de precios asequibles, que se limiten a cubrir costes de compra, logísticos, laborales, de funcionamiento y de suministro. Todo ello asegurando el pago de unos «precios dignos y justos a los agricultores y ganaderos, así como estableciendo una «tabla de salarios dignos» para el personal de la red de supermercados públicos. La PNL concluye que se ayudaría a reducir la huella carbono, «a través de un sistema de distribución y comercialización de carácter local y de proximidad» y priorizando los productos ecológicos, de kilómetro cero y de cercanía, promoviendo el consumo de productos andaluces y fomentando la economía cooperativa y social para democratizar dicha cadena, priorizando el papel de los productores y los consumidores».

No son medidas nueva de la izquierda andaluza. Estando en el Gobierno de Griñán, Izquierda Unida ya propuso en 2013 la puesta en marcha un banco de tierras sociales. El vicepresidente Diego Valderas fue su gran defensor. Casi de forma simultánea también se impulsó en el Parlamento la propuesta de crear un banco público en Andalucía como parte del pacto de gobierno firmado con lo socialista. En 2015, con el cambio de legislatura, el PSOE dio la espalda a la propuesta y nunca más se supo de ella. Mañana, con la mayoría absoluta del Partido Popular, todo hace indicar que la nueva PNL se quedará en papel mojado.