Un comisionado técnico para cumplir el pacto por Doñana

«La creación de la oficina técnica es una demanda de todos. Si no hacemos eso, seguiremos equivocados». Eso explicaba el representante de UPA en las comparecencias parlamentarias cuando en la Cámara autonómica se tramitaba la Proposición de Ley de Doñana, proyecto que ha quedado en un cajón una vez que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía alcanzaron un acuerdo para invertir en el Parque y sacar de la confrontación política este asunto. Ahora bien, el concepto de «oficina técnica» no ha caído en saco roto porque el nuevo Plan incluye esa vieja reivindicación que debe velar por el cumplimiento de los acuerdos y facilitar soluciones a los afectados.

En esta ocasión se ha optado por la figura de un Comisionado, que tendrá su sede en la Delegación del Gobierno de Huelva y que integrarán funcionarios autonómicos de las consejerías de la Presidencia, Agricultura, Fomento y Sostenibilidad.

La creación de este comisionado se llevará a cabo mediante con una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Sostenibilidad para dotar de un puesto de personal funcionario de nivel 30 adscrito a su Viceconsejería.

La iniciativa no es nueva porque incluso se contemplaba en el Plan de Ordenación de los Recursos al norte de la Corona Forestal de Doñana de 2014, el conocido como Plan de la Fresa, que no se desarrolló en su totalidad y provocó numerosas injusticias que no pudieron solucionarse, motivo por el que el Gobierno del PP impulsó a través de su grupo parlamentario la proposición de ley de regadíos que pretendía solventar esos errores y que también fueron reconocidos en las distintas comparecencias parlamentarias.

El comisionado tendrá como funciones el seguimiento de las iniciativas que debe ejecutar cualquier Administración Pública, ya sean líneas de ayudas e inversiones directas; la coordinación de la participación de la Junta de Andalucía en el foro de diálogo sobre los compromisos de ambas administraciones, y la evaluación de las iniciativas y actuaciones, según una nota de la Junta.

Entre otras funciones, el comisionado tendrá la interlocución con el Consejo de Participación de Doñana, ayuntamientos y agentes sociales y medioambientales sobre la ejecución del protocolo por parte de la Junta de Andalucía, y la coordinación con la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana.

Con pasos como este se avanza en la «paz política» en el Parque Nacional, a la espera del cumplimiento de los acuerdos. En este sentido, el Ministerio de Transición Ecológica se reunirá el martes 12 con ayuntamientos para avanzar en el reparto de una de las líneas de ayudas pactadas.