La competencia sobre impuestos figura en el Estatuto andaluz al margen de la financiación autonómica

El PSOE ha encontrado en la rebaja de impuestos que aplican las comunidades autonómicas del PP un argumento para justificar el cupo catalán, un asunto que no tiene nada que ver porque se trata de cuestiones distintas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía consagra la capacidad normativa que tiene la región para legislar sobre los impuestos cedidos por el Estado. El artículo 179 señala en su apartado 3 que «sin perjuicio de su función primordial de recursos para la recaudación de ingresos públicos, los tributos podrán ser instrumentos de política económica en orden a la consecución de un elevado nivel de progreso, cohesión, protección ambiental y bienestar social». Y el artículo siguiente, el 180, consagra que «la Comunidad Autónoma ejerce las competencias normativas y, por delegación del Estado, de gestión, liquidación, recaudación, inspección y la revisión, en su caso, de los tributos estatales totalmente cedidos a la Comunidad Autónoma».

Por el contrario, el artículo 183 detalla las «Relaciones de la Comunidad Autónoma con la Administración financiera del Estado» y ahí, entre otras cuestiones, recuerda cuáles son las competencias sobre financiación autonómica. Concretamente, señala que «la Comunidad Autónoma de Andalucía mantendrá relaciones multilaterales, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en las materias que afecten, entre otras, al sistema estatal de financiación, y en la Comisión Mixta prevista en el artículo siguiente en relación con las cuestiones específicas andaluzas».

La cuestión es clara. Las autonomías deben recibir una financiación por parte del Estado negociada de forma multilateral que garantice la prestación de los servicios públicos de todos los ciudadanos independientemente de dónde vivan. Y los Gobiernos autonómicos, elegidos por los ciudadanos en elecciones, tienen la capacidad legal de desarrollar medidas legislativas acorde con sus competencias.

En este sentido, la portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, defendió ayer que cuando la Junta reclama una «mayor financiación para Andalucía» no se está pidiendo «ninguna limosna» y recordó que la comunidad recibe «183 euros menos que la media» por habitante, «214 euros menos que un ciudadano de Cataluña». A su juicio, esto no tiene «nada que ver» con «bajar los impuestos» porque «es una política fiscal adecuada y queremos que los ciudadanos no estén asfixiados».

En este sentido, recordó que en 2022 se recaudaron casi 200 millones de euros menos de IRPF en el tramo autonómico porque se deflactó la tarifa para «aliviar» a los ciudadanos tras la crisis del Covid. Igualmente, apuntó que la recaudación en Andalucía en dicho año estuvo cerca de la media –9,8 por 10,08– y que esta circunstancia también se produjo en 2018, último año de Gobierno socialista. Ese año la media de las regiones estuvo en el 7,9 y Andalucía cerró en el 7,8. Además, en 2022 se aplicaron deducciones de las que se beneficiaron en un 80% rentas inferiores a los 30.000 euros al año.