El "conseguidor" ofrecía los ERE como un paquete completo con financiación pública

El «caso ERE» suma ya once juicios por las ayudas fraudulentas. La reanudación de la causa de Surcolor arrancó con la ausencia de los tres ex altos cargos de la Junta que, a pesar de haber sido juzgados en otras piezas, se mantienen como acusados tras rechazar la Audiencia de Sevilla su exclusión: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero del mismo área Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo, Juan Márquez. Fernández y Barberá están en prisión condenados en el juicio del procedimiento específico de los ERE (por el que Griñán no ha entrado en prisión). En cualquier caso, las defensas de los tres ex altos cargos adelantaron que se acogerán a su derecho a no declarar. En el juicio, uno de los responsables de la empresa aseguró que el conocido como «conseguidor», el ex sindicalista Juan Lanzas, ofrecía el ERE como un «paquete» completo que incluía la financiación pública. Por su parte, un «intruso» de Surcolor aseguró que su concuñado Antonio Rivas –ex delegado de Empleo en Sevilla– «jamás» le ayudó y qu él ni siquiera sabe «qué es un ERE».

El directivo de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante señaló a su abogado que el acusado Juan Lanzas le «explicó» el mecanismo de los ERE, «unas ayudas para empresas en crisis». Lanzas, precisó, «se presentó como un miembro del despacho de abogados Villasís, diciendo que tenía experiencia en la gestión» de ERE en Andalucía y ofrecía el procedimiento «como un paquete» completo, incluyendo la financiación de la Junta de Andalucía. De su lado, el responsable de Surcolor Antonio Manuel Bustamante León se acogió a su derecho a no declarar.

La pieza separada de Surcolor atañe a 2,3 millones en ayudas y en la misma un «intruso» en las prejubilaciones de dicha entidad, a su vez concuñado del exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, reconoció que no pertenecía a la empresa. Según recogió Europa Press, el acusado José Antonio Márquez Sánchez indicó que por 2006 «llevaba dos años en paro y estaba desesperado». En este contexto, un familiar le señaló que Rivas conocía unas «ayudas» de la Junta: «Me dijeron que era como el paro, como una subvención para mantenerse», explicó. Así, acudió a una sede de la Junta «en el Cerro del Águila» –donde estaba la Consejería de Empleo– junto con José Antonio García Prieto –exconcejal de Camas y exsecretario de Política Municipal del PSOE en ese municipio, ya fallecido– y Juan Manuel López Espada, militante del PSOE casado con una edil socialista del Ayuntamiento camero, a quien entonces «no conocía». López Espada, indicó, fue quien trató con la Consejería para conseguir su «subvención», para lo que aportó su vida laboral, una fotocopia de su DNI y una carta donde relataba sus «circunstancias». El acusado señaló que nunca habría puesto a Rivas «en un compromiso de ninguna clase». Tras ello, cobró 6.380 euros en concepto de «atrasos» y después 1.276 euros al mes. «Me pusieron el papel», señaló, admitiendo que ni conocía a la empresa Surcolor ni sabe ni quiere «qué es un ERE».