Diálogo social por ley en Andalucía: Juanma Moreno cierra filas con sindicatos y patronal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, firmó ayer con los máximos representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de los sindicatos UGT-A y CC OO-A, el «Acuerdo para el Impulso de la Participación Institucional» de las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En la práctica esto supone dar rango de ley al diálogo social y «blindar» a los participantes en estos foros, uno de los mayores obstáculos para sellar el acuerdo y que ha sido una aspiración de distintos Ejecutivos andaluces que, por distintos motivos, nunca llegó a cristalizarse. Tan es así, que la secretaria general de CC OO de Andalucía, Nuria López, recordó que esta ley responde a una reivindicación histórica de su organización que empezó a negociarse en 2004.

El diálogo social y los denominados acuerdos de concertación entre Gobierno, patronal y los sindicatos UGT y CC OO constituyen una tradición en la política andaluza. El primero de ellos se firmó en 1993 bajo la presidencia de Manuel Chaves. Entonces se denominó «Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social de Andalucía» y en el prólogo se definía como un pacto «ambicioso porque parte de un enfoque amplio y realista que nos permite a la Junta de Andalucía y a los responsables patronales y sindicales hacer un diagnóstico común de la situación económica en Andalucía y, a partir de él, instrumentar medidas, bien horizontales para el conjunto de la economía, bien sectoriales, para otros tantos ámbitos específicos de nuestra economía: industria, servicios, desarrollo rural, etc».

Los distintos Gobiernos socialistas firmaron durante décadas acuerdos de concertación social con la patronal y sindicatos, práctica que ha continuado durante las dos legislaturas de Moreno. De hecho, en 2020 se selló el Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía, a los que se sumaron el 22 de marzo de 2021 el Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el Marco de la Reactivación Económica y Social tras la pandemia de Covid-19; y el 13 de marzo de 2023 se rubricó el último, el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía.

Lo que se hace ahora es llevar a una ley lo que era una costumbre. Y ahí reside el valor fundamental de la iniciativa que satisface a todos los agentes implicados. Al Gobierno andaluz le interesa normalizar su relación con los sindicatos de clase y la patronal. El diálogo social es el primer paso para conseguir la «paz social», anhelo de cualquier Gobierno que quiera seguir en el poder. De hecho, la «paz social» fue uno de los argumentos esgrimidos en su día por los Gobiernos socialistas para «justificar» el sistema ideado con los ERE, que permitía sofocar a base del presupuesto público cualquier conflicto laboral enconado y que supusiera un foco de posible desgaste del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, a los sindicatos UGT y CC OO y a la patronal CEA les otorga un papel preponderante en las negociaciones con la administración autonómica. Otros sindicatos como CSIF e incluso organizaciones de autónomos han reivindicado su inclusión como agentes sociales representativos, opción incluso que no descartaron los distintos Gobiernos que negociaron esta ley, pero finalmente se quedan fuera.

Durante el acto de la firma, Moreno destacó que «queremos darle al diálogo social el lugar central que le corresponde, institucionalizando su valor» y se mostró «convencido» de que la Proposición de Ley se sustanciará en el Parlamento andaluz y contará con el apoyo de «la mayoría» de los grupos parlamentarios. «Intentemos sacarlo con el mayor consenso posible porque, sin duda alguna, será bueno para Andalucía», sugirió.

Es previsible que Vox rechace esta iniciativa, mientras que el PSOE y Por Andalucía, si cuenta con el aval de UGT y CC OO tendrán más dificultades para rechazarla. En cualquier caso, la mayoría absoluta del PP garantiza su aprobación.

El presidente andaluz adelantó que «la Ley de diálogo social aumenta sensible y considerablemente el nivel de compromiso y decisión de los agentes sociales y económicos más representativos en la propia acción de gobierno». En este sentido, se contempla que accedan, «antes de su aprobación, a los anteproyectos de ley relacionados con las materias que son de su correspondencia» y «serán consultados en las iniciativas legislativas de todos y cada uno de los ámbitos en los que ellos participan, podrán proponer directrices o líneas generales de actuación y participar también en su propia elaboración».

Por parte de los agentes sociales firmantes, incidieron en dos aspectos. El primero que su protagonismo no es un «regalo», sino que está recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía –concretamente en el artículo 26.2–, que regula su participación institucional en las decisiones de la Administración; y, segundo, que este acuerdo «no es el final del camino» porque seguirán reivindicando y controlando la acción del Gobierno andaluz.