Planificación

La factura de la luz de la Junta de Andalucía: 882,9 millones hasta 2027

Licitado el acuerdo marco para la Red de Energía de la Administración autonómica con más de 100 entidades adheridas entre institutos, consejerías o universidades

Funcionarios en el edificio Torretriana, en Sevilla
Funcionarios en el edificio Torretriana, en SevillaManuel OlmedoLa Razón

La administración autonómica presta servicios a 8,5 millones de andaluces repartidos en ocho provincias y cuenta aproximadamente con 300.000 empleados, incluyendo personal sanitario, educativo, de empresas públicas y de la administración general. Una dimensión que se ve reflejada, entre otros aspectos, en la factura eléctrica que tiene que afrontar y que ahora toca renegociar, por lo que ha licitado un nuevo contrato marco con un gasto previsto aproximado de 882,9 millones de euros hasta 2027, incluyendo todas las prórrogas posibles del mismo.

La cifra corresponde al consumo estimado y, según se recalca en el pliego, «tiene carácter meramente orientativo y no vinculante», por lo que «no existe obligación de adquisición de un volumen determinado por parte de los organismos ya que éstos las realizarán en función de sus necesidades de consumo». Igualmente, incluye la posibilidad de « incrementar o disminuir el número de puntos de suministro en función de las necesidades de la Administración Pública».

La Junta de Andalucía lleva años tratando de bajar su factura energética. En 2007 creó la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA), un instrumento para negociar de manera conjunta las necesidades energéticas de la administración así como para la implantación de tecnologías de aprovechamiento de fuentes renovables en los edificios y centros de consumo de gestión pública. El objetivo era reducir la factura energética de los hospitales, institutos de enseñanza secundaria, oficinas administrativas, instalaciones deportivas y universidades públicas, todos ellos adscritos a REDEJA.

El último contrato adjudicado se formalizó el 24 de septiembre de 2019 a ENDESA ENERGÍA, S.A.U. con un valor estimado de 501 millones de euros por dos años. Entonces, el Gobierno andaluz aseguró que con esa contratación consiguió «unos precios muy competitivos» que le permitió a abonar «de media un 12,7% menos que si comprara directamente la electricidad a los precios de mercado eléctrico», que se habían incrementado un 21% entre 2016 y 2019.

Si se comparan las cifras de consumo de la red de instalaciones de la Junta de Andalucía en el anterior contrato con el actual que se pretende adjudicar, el consumo no ha descendido. En 2019 se señalaba que los edificios de la Administración de la Junta de Andalucía tenían un consumo de electricidad anual en torno a 950 GWh (Gigavatios/hora). Sin embargo, la información facilitada a las comercializadoras que quieran presentarse a esta licitación señala que el consumo asociado durante el año 2022 fue de 967.719.598 kWh/año.

De momento, esa cifra permanecerá constante, ya que «se considera que los consumos asociados a dichos suministros pueden verse afectados por la climatología o pequeñas alteraciones en la actividad de los edificios, pero se prevé que reflejen un perfil de consumo que no se alterará sustancialmente durante la vigencia del acuerdo marco».

El pliego también tiene en cuenta que algunos de los edificios acogidos a la Red tienen instalaciones de autoconsumo, por lo que «por cada uno de los puntos de suministro que se ofertan se contratará de forma conjunta el suministro de energía eléctrica y el acceso de terceros a la red a través de la empresa comercializadora adjudicataria, así como, en su caso, la compensación simplificada de los excedentes en las instalaciones de autoconsumo de potencia instalada inferior a 100 kW».

Para tratar de que la factura sea más económica, la Junta exige a la compañía un informe anual de «la potencia óptima recomendable y los ahorros alcanzables para cada suministro en función de los registros históricos».

Una exigencia: energía 100% de origen renovable

En el contrato centralizado de suministro de energía eléctrica adjudicado a Endesa en 2019 se incluyó por primera vez la exigencia a la empresa comercializadora adjudicataria del contrato que acreditara que el 100% del total de la energía eléctrica que suministrara tuviera origen renovable. Este requisito se ha incluido también ahora y la compañía tendrá que presentar garantías de origen de la electricidad suministrada, una cuestión que se realizará única y exclusivamente por punto de suministro. En este caso se opta por la presentación de una declaración responsable.