Negociación

La Junta firme: el acuerdo por Doñana "no será a costa de los agricultores afectados"

El Gobierno descarta comprar regadíos "irregulares" en Doñana. "No vamos a comprar ni un metro cuadrado", asegura Teresa Ribera

A la izquierda de Francisco, su finca vacía y no regable; al otro lado del camino, la explotación de fresas de un vecino
Uno de los agricultores afectadosKiko HurtadoLa Razón

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que el acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica para encontrar soluciones para el Parque Nacional de Doñana debe "proteger" a los agricultores de la Corona Norte. Así se ha pronunciado este sábado en declaraciones a los medios en Barcelona antes de un encuentro con empresarios catalanes en el Círculo Ecuestre.

Ha asegurado que el acuerdo "no puede ser a costa de los agricultores que están en la Corona Norte, que no están en el Parque", ya que es el motivo de la Proposición de Ley (PDL) de la Junta para regularizar estos regadíos. Moreno confía en un acuerdo: "Creo que, cuando dos instituciones tienen voluntad de acordar y se hace con orden y con rigor, siempre se puede alcanzar un acuerdo"

"Si no llegamos a un acuerdo será porque evidentemente se ha dejado el objetivo fundamental que tenía también esta ley, que es proteger Doñana, prohibir extraer agua del subsuelo y, al mismo tiempo, proteger a esos agricultores que están fuera del Parque", ha añadido.

Ribera, igual de contundente

La vicepresidenta tercera en funciones y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, descarta que el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía esta semana para aplazar la aprobación en el Parlamento andaluz, con el apoyo de PP y Vox, de la Ley para regularizar regadíos en la corona Norte del Parque Nacional de Doñana, pase por "una recalificación de suelo, ni por una garantía de derechos de agua, ni por pagar a precio de regadío lo que ha sido siempre de secano ni por comprar terrenos que no aportan nada al buen estado de Doñana". El Gobierno no comprará "ni un metro cuadrado de regadíos irregulares en Doñana".

Así lo ha manifestado Ribera en una entrevista publicada este sábado en El País recogida por Europa Press a poco más de 48 horas de que se celebre la primera reunión del grupo de trabajo conformado por representantes de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para buscar una solución consensuada al problema de los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del Plan de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, aprobado en 2014.

"El plan de desarrollo territorial y social de esa zona --corona Norte de Doñana-- no pasa por comprar suelo, no pasa por firmar cheques", apunta la ministra de Transición Ecológica, que insiste en que "pasa por invertir en oportunidades de desarrollo diferentes". En este sentido, puntualiza que el programa de compras anunciado en noviembre de 2022 "va dirigido a aquella superficie con derechos de riego reconocidos para liberar esas concesiones de agua y así garantizar que Doñana vuelva a ser un humedal".

"Si hay parcelas que no cuentan con derechos de agua, no tiene ningún sentido comprarlas", sentencia, concluyendo su argumentación con que "tendría enormes dificultades para justificar jurídica y técnicamente dedicarse a comprar suelo en esa zona y no en cualquier otro territorio español. No lo podemos hacer".

La reunión del próximo 9 de octubre se producirá casi una semana después de la que este pasado martes 2 de octubre celebraron en el Palacio de San Telmo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras la que ambos responsables anunciaron la apertura de un proceso de diálogo en torno a esta cuestión entre la Junta y el Gobierno, que, según se indicó entonces, iba a contar con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al frente de su representación en dicho grupo de trabajo.

El inicio de este periodo de diálogo implica aplazar un mes el debate de la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox que modifica el Plan de Ordenación y que pretende regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, que, según advirtió el presidente de la Junta, se retomará en el Parlamento de Andalucía si al cabo de ese tiempo no ha habido un acuerdo entre sendos gobiernos y los afectados.